¿QUIEN AMPARA LA SALUD DEL ESTADO?

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Lo cierto es que en Uruguay las acciones de amparo son el recurso de las personas desesperadas para obtener en el Poder Judicial lo que el Poder Ejecutivo no les puede o no les quiere proporcionar. El medicamento o tratamiento o respuesta de alto costo. No quiero ni imaginar lo que significaría estar en las zapatillas de un padre de familia que necesita algo así para un hijo afectado por una cruel enfermedad. O en la piel del propio enfermo buscando una respuesta que su propia economía o su propia mutualista no le puede ofrecer. Obviamente comprendo y comparto el uso del recurso judicial para obtener un fallo que respaldo mi esperanza de sobrevida. Porque la sobrevida es vida y mientras hay vida hay esperanza.
Todo esto lo relato al trasluz de un informe preparado por el dr. Edgardo Ettlin (miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil) y alguien preocupado en darle a este tema un enfoque profesional e integral que atienda los diferentes intereses en juego.
Por un lado, está el sagrado derecho a la salud de las personas. Por lo visto algo que ni el tan mentado “héroe de la salud” en Uruguay dr. Vázquez pudo asegurarle a todos los que precisaban desesperadamente de remedios caros. Y es entendible que no haya podido. Las utopías y los sueños suelen recibir frecuentes bofetadas de parte de la cruel realidad.
Por otro lado, existe un Estado uruguayo que tiene limitaciones presupuestales basadas en la lógica de la manta corta. Existen muchas urgencias y nuestro PBI (si bien es de los mejores del continente en su comparación per cápita) no permite atender con eficacia todas y cada una de esas urgencias. Una de ellas es la de atender a cada persona que por diferentes patologías o enfermedades necesita medicamentos excesivamente onerosos o un tratamiento que supone altas erogaciones.
El dr. Ettlin hace un detallado informe enseñándonos además cuales son los organismos del Estado encargados de atender estas demandas. Por supuesto que uno de ellos es el propio MSP pero también específicamente el Fondo Nacional de Recursos (FNR) el propio BPS también es sujeto pasivo de estas obligaciones y sin entrar en consideraciones que harían extenso este informe debo decir que al final de esta historia siempre aparece el erario público como el último recurso que termina haciéndose cargo de todo. Por tanto, es Juan Pueblo quien termina pagando. El dr. Ettlin no lo dice en su informe, pero claramente se desprende del mismo que el Juan Pueblo en épocas “progresistas” era menos solidario que el Juan Pueblo multicolor. Y eso corre por mi cuenta, pero es un adelanto que hago al lector en épocas en las que éste gobierno es acusado porque según el propio FA hace falta algunos medicamentos en ASSE. Tal vez sea cierto, pero habría que poner todo este tema en contexto y por eso escribo estas líneas.
¿Qué sucede cuando el Estado o la mutualista no te puede ofrecer el medicamento o tratamiento que necesitas por su costo?
Ya dijimos que es la acción de amparo el medio judicial más apropiado y en general las personas concurren a la Clínica de Litigio Estratégico de la UDELAR buscando el patrocinio de sus pretensiones. Y en honor a la verdad el trabajo que realizan allí es altamente efectivo porque la enorme mayoría de las acciones de Amparo prosperan en la justicia. Y si no lo hacen en 1º instancia lo logran en la apelación. En números grossos se puede decir que casi un 90 por ciento de las pretensiones tarde o temprano son satisfechas por la Justicia uruguaya. El “tarde o temprano” no es un elemento menor en alguien que está esperando desesperadamente su medicación para al menos alargar sus días o tener una esperanza.
Lo insólito del informe es el desproporcionado aumento de fallos en favor de los solicitantes que se ha experimentado en muy poco tiempo. Si comparamos 2018 con 2021 el crecimiento de las acciones y de los fallos positivos ha sido (en 2º instancia) de un 267 por ciento. Esto importa un gigantesco aumento de presupuesto para las distintas entidades estatales. Pero también un enorme aumento en porcentaje del trabajo de los Tribunales de Apelaciones. En 2018 estas acciones de amparo importaban el 14 por ciento del trabajo del Tribunal. En 2021 subieron al 34 por ciento del total de las acciones civiles que debían atender y fallar.
Pero a nivel de 1º instancia es donde el aumento se vuelve espectacularmente ostensible. Por todo concepto y teniendo a los 3 organismos mencionados en consideración el incremento de las demandas va desde 195 casos en 2018 a 2400 en 2021.
Cuesta creer que en tan poco tiempo la salud de los uruguayos se haya deteriorado tanto. Siento que lo sucedido se explica en la obvia tendencia de los tribunales a darle rienda suelta a la satisfacción de la gran mayoría de las pretensiones por una natural tendencia a brindar respuestas humanas de sobrevida a quien más lo necesita. En cualquier caso, el incremento es de tal magnitud que impone una mirada responsable y de mayor análisis. Mostramos cuadro al lector y que cada uno saque sus conclusiones:
Escribe el dr Ettlin en su informe: “Las condenas judiciales contra el MSP no se cubren con el Fondo Nacional de Salud (FONASA), sino con el propio presupuesto de la Cartera, que debe ser socorrido con fondos de Rentas Generales por el Ministerio de Economía y Finanzas – Tesorería General de la Nación. Pero también Rentas Generales debe cubrir los déficits del FONASA. De acuerdo a la Calificadora de Riesgo CARE (2021:18), el SNIS tiene problemas para autofinanciarse, por lo que entendemos que no sería viable sobrecargarlo con las condenas judiciales por prestaciones no previstas. Las condenas al FNR y al BPS deben ser cubiertas por sus propios presupuestos; sin embargo, podrían llegar a requerir el auxilio del Estado. Por lo que, en conclusión, todo se apoya en la misma Caja”.
Y yendo a lo más economicista del informe se llega a la conclusión que en tan corto periodo transcurrido entre 2018 y 2021 el aumento de las acciones derivó en un incremento del impacto sobre el PBI del Estado que aun siendo marginal es preocupante. En 2018 importaba el 0.024% del PBI. Y en 2021 se incrementó hasta el 0.133% del PBI. Sigue siendo mínimo el impacto, pero en términos de presupuesto de la cartera del Ministerio de Salud Pública dichas demandas triplicaron el porcentaje del mismo y en tiempos en que -pandemia mediante- hay que hacer frente a distintas urgencias y de todas las carteras, el erario público debe socorrer a los organismos de una manera más importante de lo que lo hacía en tiempos donde los “héroes de la salud” miraban este partido con mayor displicencia y menor compromiso.
Existe un informe del dr. Quian Subsecretario de MSP del año 2018 estimando un gasto total para el erario público de 5 millones de dólares y algo más en términos de medicamentos de alto costo por demandas al Estado durante el año 2017.
Hoy y según estimación del informe del dr. Ettlin y para el año 2021 estaríamos aproximándonos a los 75 millones de dólares de costo para el Estado como resultado de las distintas demandas de particulares y por los distintos conceptos. (Casi un COSSEARENA). En tiempos de vacas flacas son cifras que dan para pensar si las multiplicas en un quinquenio de gobierno).
Y créanme amigos lectores, mi propósito con estas líneas no está en pedirle a la Justicia una mirada complaciente al bolsillo del Estado. De última el Estado según mi visión sigue siendo para un batllista el “escudo de los débiles”. Mal podría yo tener una mirada poco solidaria con el que más sufre. Pero me preocupa otro de los aspectos que señala el dr. Ettlin en su informe. NO HAY MONITOREO ALGUNO DESPUÉS DEL GASTO.
Ni el MSP, ni el FNR ni el BPS ni el Poder Judicial conocen el “final de la película”. Nadie lleva registro alguno del impacto real en términos de sobrevida, eficacia o sostenibilidad de esta política pública en favor de ciudadanos que necesitan de ese medicamento salvador o de ese tratamiento. Apenas existe una aproximación respecto de un posible uso durante un año y tal vez poco más, pero es más una estimación que un cálculo certero. Y nada más. O sea, el Estado (todos nosotros) gasta en algo que no controla ni sabe cuan efectivo es. Y lo hace además para un grupo minoritario, ínfimo diría yo en términos porcentuales. Repito: ese no es el problema. Aun sabiendo que fuera para una sobrevida. La sobrevida es también vida y debe apoyarse. El problema es no tener control alguno de la eficacia real del recurso obtenido.
Y, por último. No puedo dejar de hacer reflexiones de política. De ultima. Estamos hablando de políticas públicas en medio de un acoso permanente y actual de una oposición (que antes fue oficialismo) y que está hurgando en problemas actuales de falta de medicamentos. Sin esquivarle el bulto al problema actual quisiera recordarles a esos señores que en tiempos de su extenso gobierno de 15 años muchos se hicieron los distraídos frente a estos reclamos de personas que necesitaban si o si una esperanza. También me extraña y no puedo dejar de expresarlo la menor frecuencia en las acciones de amparo. En fin, no debo criticar el tan impresionante incremento actual. Bienvenido. Pero igual me llama la atención y es mi deber mostrarlo objetivamente en este informe.
Propongo a las autoridades competentes, y al pueblo en general tomar debida nota de estas cifras y establecer una política pública más eficaz y monitoreada para que sin dejar de atender los dramas de muchas familias y personas necesitadas se equilibren las visiones en un país que tiene exigencias escandinavas sostenidas por realidades tercermundistas. En cualquier caso…seguimos siendo la “Noruega de América” mal que le pese a Preve, Caggiani, Andrade, Bergara, Olesker, y otros “benefactores públicos vernáculos” que tanto nos critican actualmente y tan poco hicieron cuando tuvieron su oportunidad de lucirse siendo gobierno.

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