Desde mucho antes que finalizara el siglo XX, las principales hipótesis de conflicto que formulamos en el Curso de Estrategia del Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN), establecían como principales amenazas a la seguridad y a la defensa nacional al narcoterrorismo y el crimen trasnacional organizado.
Pero las recomendaciones de los centros de altos estudios académicos militares pocas veces son tomadas en serio por el factor político…hasta que llega el peligro. Más de 20 años de desidia y la incomprensión del liderazgo en estos temas, han generado un país propicio y poco hostil al crimen organizado trasnacional que hoy nos amenaza.
Según el analista en ciencias políticas de nacionalidad estadounidense Adam Przeworski ¨ hay estudios que muestran que Uruguay no solamente participa del negocio del narco como un país de paso y salida de droga, sino que además es un lugar preferido para el lavado de dinero¨.
A casi un año de las elecciones, los partidos políticos uruguayos no han llegado siquiera a un acuerdo para modificar la regulación de su propio financiamiento interno y de los dineros volcados en las campañas electorales. Una pista sombría de la falta de transparencia del propio sistema que nos gobierna.
Mientras tanto, las recientes capturas de cargamentos de cocaína y marihuana en Europa y la región nos han ubicado definitivamente en la ruta del narcotráfico.
Sin embargo, a pesar de que todos los días este tema está en el debate público y las guerras entre pandillas han transformado nuestras calles en lugares peligrosos, parecería que cuesta asumir que dejamos de ser un país seguro.
Como sabemos, esta violencia está asociada especialmente al tráfico de cocaína. Y Este ciclo de expansión del narcotráfico, potencia el accionar del crimen organizado, facilitando un fenómeno de creciente preocupación: la confluencia o convergencia criminal que en áreas de baja gobernabilidad, es decir aquellas zonas adonde la presencia del estado no es efectiva, son aprovechadas por el terrorismo.
El exconsejero político de la Embajada de EE. UU. en Uruguay, Eric Geelan, advirtió en una conferencia realizada en junio de este año, que “hay una tendencia a pensar que lo que ha pasado en otros lugares no pasará en Uruguay y lamento decirles que no es así”, – a lo que agregó – “en Uruguay todos los días hay sicarios matando gente y esos son actos del crimen organizado. Son mensajes, actos de un negocio criminal y no puede suceder sin lavado de dinero”.
Pero la realidad es que ya se ha sobrepasado cualquier intento de reacción, en un tema que se ha politizado como parte del menú electoral para el próximo año. Autoridades y oposición intercambian argumentos cuantitativos derivados de estadísticas, enfrascados en debates políticos inútiles.
El reciente caso del narcotraficante Juan Antonio González Bica, recientemente fugado en complicidad con su pareja, un estafador y su pareja y un ex preso por homicidio, que utilizó documentos apócrifos para salir de la cárcel; o la extravagante fuga de Morabito de la propia cárcel central, nos recuerdan a los peores capos de los carteles mafiosos de Colombia y Méjico.
Fuentes de la investigación dijeron que el falsificador, radicado en Maldonado, cobraba hasta US$ 60.000 para “crear” documentos del Instituto Técnico Forense y clínicas y agregaron que a González Bica le exigió un pago de US$ 100.000 por los papeles que le permitieron salir de la cárcel y beneficiarse de un régimen de prisión domiciliaria. Luego rompió la tobillera y escapó.
Aquí salta una de las tantas facetas crueles de este sistema. Octogenarios militares enfermos encarcelados sin miramientos en D. Arena y Coraceros, hace años esperan en vano el veredicto del Instituto técnico forense para obtener la prisión domiciliaria, mientras que los narcos entran y salen impunemente valiéndose de su arma más poderosa. El dinero.
Por otra parte, hay que admitir que, si el escape de Morabito de la Cárcel Central y González Bica fueron ya un episodio bochornoso para la imagen externa de nuestro país, con el caso Marset hemos superado ampliamente las marcas en lo que refiere a intentar justificar lo injustificable.
Este caso nos lleva a preguntarnos hasta dónde están infectados algunos niveles de la administración. Marset está enganchado con nombres conocidos de Paraguay, y si bien en la organización mafiosa probablemente no sea más que un capitán, sus patrones, los reales pescados gordos o los vínculos que le permiten moverse con impunidad, solo podrán ser neutralizados trabajando sobre el lavado de activos y sobre todo, con las garantías del estado que aquí, en Uruguay como vemos, deja muchas dudas.
Cómo puede ser que el Estado uruguayo haya habilitado la emisión del pasaporte y la carta que permitieron que este personaje saliera legalmente de la cárcel en la que se encontraba preso en los Emiratos Árabes.
Lo cierto es que mientras, nos distraen siguiéndole el rastro en Bolivia, poco se discute sobre sus redes de apoyo en el país, sobre todo teniendo en cuenta que su organización lleva el pomposo nombre de ¨Primer Comando Uruguayo¨. Son muchas preguntas. Uno no sabe hasta donde son incapaces o hasta adonde se hacen.
Para redondear esta breve reseña de los principales indicadores de la grave amenaza que se cierne, ya mencionamos las fugas inexplicadas (Rocco Morabitto de la ‘Ndrangheta de Italia o de Yehoram Alal de Israel); pero también podemos agregar los débiles controles en fronteras, las entregas de pasaportes a reconocidos narcotraficantes; las reuniones entre el líder de los “Cuinis” de México, González Valencia, con Rocco Morabitto, mientras ambos estaban detenidos en Montevideo en diferentes lugares sin conocimiento del Poder Judicial, lo cual de por sí ya seria gravísimo. Todos indicios que colocan al país en un bajo nivel de seriedad, control y poca reputación en seguridad.
El desconocimiento sobre cómo funciona la seguridad, sumado a la inexperiencia en el terreno y la inmediatez política explican algunas ingenuas propuestas que indican la ausencia de un horizonte serio para enfrentar la confluencia criminal que padecemos.
Pero esta no es la peor cara del problema. La presencia de importantes grupos criminales operando en las cercanías de nuestras fronteras, como el ¨Primer Comando Capital¨ de Brasil, la mayor organización criminal de Latinoamérica con presencia en Uruguay. Y el crecimiento de la producción de cocaína y marihuana en centros cercanos desde donde se abastecen los mayores mercados, conforman junto a los controles laxos o ausentes de Uruguay en vastas áreas terrestres, espacio aéreo y costas despobladas, una obscena invitación a la hora de elegir las rutas del tráfico de estupefacientes.
Y esto es claramente percibido en Europa, principal destino del tráfico ilegal. Así lo comentó el influyente periódico británico Financial Times: “una problemática que era monopolio de México y Colombia se extiende a lo largo del continente¨- y agrega más adelante- ¨Uruguay se incorporó a la lista de ‘segunda ola de puertos utilizados para el envío de cocaína’ hacia Europa, en conjunto con Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador y Costa Rica¨… ¨Los altos índices de incautación en esos puntos de entre 20% y 25%, provocaron una redirección de la droga hacia nuevas rutas de salida, entre ellas la terminal portuaria de Montevideo”.
Evidentemente, hoy no estamos descubriendo la pólvora. El sistema político se encuentra en un estado de negación de un problema que por cierto es muy complejo. Resulta imperdonable que hasta el día de hoy no haya escáneres adecuados que consigan disuadir a esas redes criminales que ven en nuestro principal puerto un centro logístico atractivo para desarrollar sus actividades ilícitas. Y que desde por lo menos el 2020 haya proyectos como el de la financiación de los partidos políticos y el delito de prevaricación durmiendo en el parlamento
Uruguay, otrora considerado una excepción, una Nación adonde la grandeza de sus lideres estuvo siempre inspirada en la soberanía de su independencia territorial y jurídica. Adonde precisamente esos principios han representado el respeto de las grandes potencias y la amistad de la comunidad internacional. Ese Uruguay Amigos, hoy integra la confluencia de las peores amenazas a la seguridad y a la soberanía: El Crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Proporcionando rutas, áreas de baja gobernabilidad y ausencia de controles efectivos, junto con el desprecio por el nivel de apresto de nuestras Fuerzas Armadas, – no operativas desde varios aspectos estratégicos- y con sus veteranos militares perseguidos y encarcelados, están transformando nuestra Gran Nación en el objetivo más blando del foro de San Pablo.
Ese Foro de Lula Y Fidel Castro, heredero de aquella Junta Coordinadora Revolucionaria de mediados de los ´70 integrada por organizaciones marxistas terroristas de toda la región incluidas las de nuestro País, que aterrorizaron al continente. Que tomaban unidades militares, secuestraban y volaban instalaciones militares y policiales y hasta llegaron a declarar territorio liberado a la provincia de Tucumán en Argentina. Tal vez el caso más emblemático de esta conjunción droga – terrorismo ha sido el asalto al palacio de justicia de Colombia por el M I-19, llamado el ¨holocausto del palacio de justicia¨ por la cantidad de víctimas perpetradas.
Después de este alarmante escenario, no podemos imaginar otro mensaje más aleccionador que reiterar la invitación al acto de reivindicación de nuestros Prisioneros Políticos perseguidos por la dictadura del pensamiento único marxista, como parte de esa estrategia de venganza y debilitamiento.
El próximo 22 set a las 1915 en la plaza independencia, junto a la majestuosa figura del Jefe de Los Orientales, activaremos una vigilia por su encarcelamiento injusto en Curupayti en 1884 y reclamaremos al gobierno la inmediata Libertad de los prisioneros Políticos de esta democracia.
Sera nuestro aporte, nuestro gran granito de arena a la recuperación del estado de derecho y a la revitalización de su democracia ante los amenazantes horizontes de esta Gran Nación que una vez fue la Suiza de América.
