Los últimos actos de despotismo de la justicia, que esta semana adquirieron notoriedad con el desplazamiento de la Fiscal Gabriela Fossati, han dejado en evidencia como se dirimen los litigios políticos dentro de esta rama del poder del Estado.
Las contundentes e irrebatibles evidencias acerca del fallido estado de derecho causado por el actual código del proceso y sus mentores marxistas, ahora son motivo de escándalo público, al dejar en evidencia intereses políticos, pero son realidades que los Veteranos Militares y sus Familias vienen enfrentando hace años, semana tras semana.
Esta semana se pudo apreciar claramente a través de todos los medios, como se pueden manipular pruebas y testimonios, así como también forzar la sustitución de oficiales de la fiscalía cuando molesta a la izquierda.
Deja una vez más al descubierto la impunidad con la que se ha estado estafando al pueblo, falseando la historia, infiltrando los poderes del estado, manipulando la debilidad de los partidos tradicionales y transformado la justicia en una extensión del campo de batalla político.
Hace años que venimos denunciando que el mismo Foro de San Pablo ha establecido como objetivo político del marxismo infiltrar al poder judicial y transformarlo en su arma estratégica.
Arma letal que, con el nuevo sistema judicial aprobado por el frente amplio, ha probado ser sumamente efectiva para cobrar viejas cuentas, tomar venganzas y desplegar cortinas de humo de protección para amigotes y militantes corruptos; objetivos preferidos de los centros de poder mundial que son los que mandatan al comunismo y sus pandillas narcotraficantes de la region para debilitar los sistemas democráticos, controlar a los estados y destruir a las naciones.
Una debilidad endémica, que no solo va conduciendo sin remedio a la perdida de la soberanía y la seguridad nacional, sino como en este caso, a la perdida de su institucionalidad como veremos a continuación.
Aun cuando las fiscalías son reparticiones descentralizadas del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Republica esta mandatado por la propia Constitución de la República para corregir cualquier desviación de su administración, (Art 197 y 198), la ¨separación de poderes¨ sigue siendo la falsa muletilla que se esgrime para no tomar acción contra esta verdadera dictadura judicial, como esta semana ha quedado en evidencia.
Está claro que imponiendo la falsa historia reciente y explotando ambiciones comunes del sistema político, han logrado bloquear cualquier intento del gobierno por dejar de lado vacilaciones y silencios cómplices, para cumplir con su deber y restablecer el estado de derecho.
Desde aquellos quijotescos esfuerzos por denunciar los verdaderos orígenes del arsenal del contador Feldman, asesinado y encubierto por claros intereses del partido comunista, que consolido la victoria electoral del FA en el 2009 sobre la candidatura del padre del actual Presidente, hasta la sentencia esta semana a la Dra Fossati, alejándola del impresionante caso de corrupción política que subyace detrás del tráfico de pasaportes, debemos concluir que nada ha cambiado.
Como recordaremos, el abogado Jorge Diaz fue el primero en declarar públicamente la semana pasada su oposición al cambio de condición de testigo a indagado de Gustavo Leal, ex miembro del Ministerio del Interior del gobierno frentista, ahora sospechado de encubrimiento. Esa fue la sentencia para Fossati. A partir de ahí, se activó la maquiavélica maquinaria que termino con la fiscal relevada por el subrogante de Diaz en la Fiscalía de Corte, el Dtor Gómez.
Es evidente que desde aquella actuación en el 2009 en al caso Feldman, la influencia de Diaz, no solo no ha cambiado. Se ha ido consolidando.
Cada vez está más claro que a favor de complicidades y compromisos oscuros, que todavía no podemos comprender, pero que claramente existen, la maquinaria de prevaricación e inquisición judicial impulsada por Diaz, sigue más impune que nunca.
Solo así es posible comprender, por ejemplo, su continuidad a cargo de la Fiscalía de Corte bajo el gobierno del Dtor Luis Alberto Lacalle Pou, quien conoce perfectamente su actuación como juez en el caso Feldman y como, ocultando el origen de aquel impresionante armamento, consolido la victoria electoral de la izquierda, además de cometer un acto de prevaricación.
Tampoco puede dejar de impactarnos, como conociendo la forma como en el 2009 se borraron todos los rastros del origen de aquel armamento de guerra, el mismo Presidente de La República, aprobó también al doctor Ricardo Perciballe al mando de la ignominiosa fiscalía de lesa humanidad inventada por Jorge Diaz. Ambos comunistas
Perciballe, hoy pope de la inquisición a militares y civiles que lucharon contra el asalto comunista de los 60/70 del siglo pasado, en el 2009 fue precisamente el fiscal del caso Feldman. El mismo que, oh coincidencia, estuvo a cargo del en aquel entonces Juez Jorge Diaz.
Lo que esta meridianamente claro, y lo hemos denunciado en solitario desde hace años, es que imponiendo la falsa historia reciente y explotando debilidades y ambiciones comunes del sistema político, cualquier intento del gobierno por dejar de lado sus vacilaciones y silencios cómplices han sido bloqueados.
En Resumen, en Uruguay, cualquier patota de testigos o supuestas víctimas previamente coordinadas y respaldadas por colectivos militantes del partido pueden enviar a la cárcel a cualquiera sin la más mínima garantía. Así como también cualquier caso que resulte incómodo para la izquierda enfrentara arbitrariedades administrativas y de toda índole, sin que el poder ejecutivo muestre la más mínima inquietud por corregirlas como mandata La Constitución de La República.
UN ESTADO DE DERECHO FALLIDO NO ES DEMOCRACIA. ES DICTADURA
La fiscalía sigue lo que el Parlamento pone como ley y el actual sistema ha Sido votado por todos los partidos, olvidando que los jueces tenían preparación y experiencia en la investigación de los casos y hoy el peso cae sobre los fiscales que no están aún hoy, en las condiciones de actuar.
No hay una izquierda y una derecha, hay una doctrina (generada en el pensamiento de la izquierda) de ver los DERECHOS separados de las OBLIGACIONES, cómo temas independientes y no relacionados.
Dependiendo del tema, lo que agrava la situación, se aplica uno y otro concepto.
El derecho de las víctimas tiene la obligación de demostrar con pruebas su reclamo.
No sé puede poner preso a alguien por comentarios.
Las denuncias de corrupción tienen el derecho de tener una defensa, pero la obligación de ser resueltas con prontitud.
Los acusados tienen el derecho a un juicio abreviado, pero la obligación de una pena justa.
El acusado tiene derechos a respetar pero los pierde cuando no cumple con su obligación.
Así el criminal pierde su derecho a la libertad cuan no respeta su obligación con la ley.
Hay que profesionalizar a la fiscalía en su doctrina de justicia ciega y no tuerta cómo la vemos desde la ciudadanía
Felicito muy bien planteada la situación de la que debemos salir.
Y es urgente recuperar nuestro sistema de derecho y la republica más fortalecer mecanismos acorde a desafíos que presenta el mundo moderno. Y cerrar vacíos legales y distorsiones de reformas que no permiten funcionar ajustados a principios fundamentales de derecho. Los últimos hechos públicos mostraron el circo donde estamos atrapados y encerrados. Cayendo en manos de la tiranía de turno.
Increíble y cada vez más e inocentemente creemos que vamos bien. Bien perdido el estado de derecho….