Ya hemos escrito en esta columna semanal, en base a argumentos históricos y jurídicos, que la dictadura militar uruguaya no puede ser catalogada como un período de terrorismo de Estado, a su vez también lo hemos hecho controvirtiendo el mote de negacionista que la izquierda atribuye a quienes no comparten el relato predominante sobre el pasado reciente.
Hoy nos ocuparemos de la calificación de fascista que también la izquierda le endilga a la dictadura militar uruguaya. Así como el terrorismo de Estado se asocia a una metodología política de masivo e indiscriminado exterminio del adversario y el negacionismo se emparenta con la hipócrita actitud de Turquía para con el genocidio armenio de 1915 y de Irán con relación al holocausto judío de 1939 a 1945, al fascismo se lo vincula con los horrores de la Italia de Mussolini (1922-1945) y en especial de la Alemania de Hitler (1933-1945).
La manipulación política del lenguaje de esa manera permite estigmatizar a grado extremo a los militares uruguayos que gobernaron dictatorialmente al país de 1973 a 1985 y con ello justificar culturalmente, en especial ante las jóvenes generaciones, los procesos judiciales incoados contra ellos. Debo aclarar, por enésima vez, que no me duelen prendas, como liberal y demócrata, como colorado y batllista, estuve contra la dictadura militar desde que surgió hasta que feneció, pero mis discrepancias con la violaciones a los derechos humanos y con el proyecto político excluyente de los militares, no me llevan a calificarlos de terroristas ni de fascistas, porque no lo fueron, pese a los horrores y a los errores que cometieron.
El fascismo, el nazismo, el franquismo y el salazarismo, fueron movimientos nacionalistas europeos, cada uno con sus peculiaridades que no los hacen iguales, no obstante en todos ellos el partido único y el movimiento sindical vertical fueron una característica común, al igual que la existencia de un líder carismático: Mussolini, Hitler, Franco y Salazar. Otra característica es la influencia en la conformación del régimen del catolicismo, en mayor grado en España y Portugal, en menor grado en Italia y Alemania, en este último país en conjunción con el protestantismo.
Todos estos regímenes repudiaron la democracia liberal y adoptaron el corporativismo, al que denominaron democracia orgánica, donde no tenían cabida la pluralidad de partidos políticos, sino los representantes de las familias, los municipios, los sindicatos, los colegios profesionales, etc.
En la dictadura militar uruguaya no hubo ningún líder carismático, el poder radicó en un colegiado militar que eso era la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes se elegían por cooptación y pasaban a retiro al cumplir sesenta años de edad u ocho años de permanencia en el grado de Oficial General u Oficial Almirante.
La actividad política fue proscripta, los partidos y movimientos de izquierda disueltos y los tradicionales puestos en receso. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones estudiantiles fueron inhabilitados o disueltos. Nunca crearon un partido político, ni un sindicato, ni una asociación afín al proceso militar. Ya en 1974 presionaron para que la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) se disolviera y limitaron, por resolución del Poder Ejecutivo, las actividades de la Sociedad Uruguaya de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (TFP), que eventualmente les podrían ser afines a sus propósitos.
En vísperas del plebiscito constitucional de 1980 levantaron el receso a los Partidos Colorado, Nacional y Unión Cívica y en 1982 convocaron, ley de partidos políticos mediante, a elecciones internas de dichas colectividades. Para las elecciones generales de 1984 rehabilitaron a los partidos y movimientos políticos de izquierda con excepción del Partido Comunista, que para eludir la inhabilitación, se camufló bajo el sub lema Democracia Avanzada.
En el campo sindical en 1981 se aprobó la ley que regulaba a las asociaciones profesionales que en los hechos, PIT mediante, contribuyó a recrear a la disuelta CNT. En el área estudiantil en 1983 nació ASCEEP como continuadora de la disuelta FEUU.
Pero profundicemos más al respecto. Cuando el 23 de julio de 1974 el Dr Alberto Demicheli presentó, en el Consejo de Estado, un proyecto de reforma constitucional semi corporativo con elección de Presidente y Vicepresidente de la República y Senadores por voto popular y entre partidos políticos, en cambio los Diputados y miembros de las Juntas Departamentales e Intendentes Municipales en segundo grado, serían electos por tercios de trabajadores, empresarios e intelectuales, a los militares les desagradó profundamente y lo ignoraron.
Cuando por medio de las memorandas de 9/12/1975 y 12/2/1976 el Presidente Bordaberry les propuso a las FF.AA la supresión de los partidos políticos y el sufragio universal, lo destituyeron el 12 de junio de 1976. En el malhadado proyecto de reforma constitucional de 1980 no propusieron un régimen corporativo ni confesional sino un Estado laico y un gobierno de partidos políticos, con la proscripción política de las corrientes marxistas. Pretendían una democracia tutelada por las FF.AA, por medio de un Consejo de Seguridad Nacional decisor y no asesor, una definición omnicomprensiva de la seguridad nacional, un Tribunal de Control Político elegido por ellos y renovado en el futuro por cooptación y un candidato único, para el primer mandato, para la Presidencia y Vicepresidencia de la República.
La derrota en el plebiscito de 30 de noviembre de 1980, los convenció de sus graves errores políticos, y no sin marchas y contramarchas, negociaron con los Partidos el retorno a la democracia. A casi cuarenta años del fin de la dictadura militar, no es justo seguir denostando y estigmatizando a los militares de aquella época, con calificativos que no se compadecen con la historia.
