La frase de marras aparece mencionada en un chat filtrado de la causa Penadés entre la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi y su par Sergio Botana, destaca la hipocresía del sistema político. Mientras la corrupción es ahora el foco de escándalo, cuando se presentó la oportunidad de implementar reformas para garantizar la transparencia en las intendencias, la reforma constitucional fue rechazada.
La condena de Pablo Caram, Rodolfo Caram y Valentina Dos Santos en Artigas ha generado un torrente de indignación pública. Todos están escandalizados por la corrupción que ha salido a la luz, pero ¿dónde estaba esa indignación cuando el sistema político tuvo la oportunidad de realizar los cambios necesarios para evitar estos desmanes? La hipocresía de indignarse sin actuar es evidente.
La regulación del ingreso a las intendencias mediante concurso y la transparencia sobre el financiamiento de los partidos políticos, sigue siendo un terreno fértil para la corrupción. La falta de control efectivo sobre los fondos y su uso indebido plantea serias dudas sobre la integridad de nuestro sistema político. El caso Caram es un claro ejemplo de cómo los fondos públicos pueden ser desviados sin consecuencia aparente, porque convengamos que nadie sabe a dónde fueron a parar esos millones de dólares.
Y no vengan con la moralina de «en los 15 años». Me da lo mismo que sean los millones de la Regasificadora o los millones de la Intendencia de Artigas, esa es plata de los contribuyentes que alguien se llevó a su casa.
La propuesta que buscaba garantizar la transparencia en el ingreso de funcionarios a las intendencias fue una oportunidad histórica para fortalecer nuestras instituciones. Sin embargo, cuando llegó el momento de apoyar esta medida esencial, muchos legisladores se quedaron de brazos cruzados.
Este fracaso no es solo una cuestión de omisión, sino de complicidad. Al no respaldar la reforma, los legisladores enviaron un mensaje claro: la transparencia y la justicia son secundarias frente a los intereses políticos. Este acto de negligencia deliberada ha permitido que prácticas corruptas continúen prosperando, erosionando la confianza pública en nuestras instituciones y perpetuando un ciclo de impunidad en el manoteo del dinero de todos los contribuyentes.
La hipocresía es evidente cuando los mismos que ahora claman por justicia y condenan la corrupción tuvieron la oportunidad de hacer algo al respecto y no lo hicieron. Es fácil criticar y escandalizarse después de los hechos, pero lo que realmente importa es la acción preventiva. La falta de apoyo a la iniciativa no solo fue una oportunidad perdida, sino un acto de traición a los principios de transparencia y justicia que deben guiar a nuestra democracia.
El escándalo de Artigas no se trata simplemente de un caso de clientelismo político, prebendas a los amigos o el mantenimiento de una cultura feudal, que todavía persiste en muchos lados. Los delitos de corrupción, como los cometidos en Artigas, son precursores del lavado de activos.
La pregunta crucial es: ¿dónde terminaron los ocho millones de dólares desviados por horas extras inexistentes? La sospecha de que este dinero podría haber sido utilizado para financiar campañas electorales no es descabellada. Uruguay carece de una normativa al respecto lo que redunda en un control ineficaz sobre el financiamiento de las campañas políticas. Esta laxitud no solo permite el mal uso de los recursos públicos, sino que también pone en riesgo la transparencia de nuestro sistema político.
Necesitamos una investigación exhaustiva sobre lavado de activos en el caso Caram para que sea un antecedente. Es imperativo que se determine el destino final de los fondos desviados y se establezcan mecanismos estrictos de control y sanción. Solo así podremos garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera adecuada y que los delitos de corrupción no sigan siendo la norma, sino la excepción. La transparencia en el financiamiento de los partidos políticos es crucial para restaurar la confianza pública en los mismos.
También merece ser criticado el Nuevo Código del Proceso Penal, que en su momento fue apoyado por todos los partidos. Este nuevo procedimiento ha introducido una serie de cambios que, si bien buscan agilizar el sistema judicial, han traído consigo consecuencias preocupantes. Los acuerdos abreviados, diseñados para reducir la carga de trabajo del Estado y las penas de los acusados, han creado una puerta de escape que evita la búsqueda de la verdad. Este mecanismo favorece a los acusados y facilita que aquellos que cometen delitos graves, como la corrupción, enfrenten sanciones mínimas y eviten una verdadera rendición de cuentas con penas insignificantes.
Detrás de la aparente eficiencia del sistema, se oculta la otra cara de la moneda: la justicia se sacrifica en aras de la comodidad administrativa, esta superficialidad en la aplicación de la justicia erosiona la confianza pública y perpetúa un ciclo de impunidad.
Ante esto solo los ciudadanos podemos empezar a hacer algo, primero exigiendo a los legisladores actuales que tomen estos asuntos en serio. O eli
Nuestros legisladores tienen la responsabilidad de abordar los problemas más críticos del país, pero en lugar de centrarse en reformas profundas y necesarias, muchos desperdician tiempo en leyes triviales. Esta desconexión con las verdaderas necesidades del país es alarmante. La falta de acción en materia de leyes y controles es una oportunidad desperdiciada para fortalecer nuestras instituciones y combatir la corrupción de manera efectiva.
Tienen en sus manos la oportunidad histórica de hacer cambios importantes para los uruguayos y enviar un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada. Si no toman medidas decisivas ahora, corren el riesgo de erosionar aún más el sistema, perdiendo la confianza de los ciudadanos y dejando un legado de ineficacia y complicidad. La responsabilidad recae sobre ellos, deben actuar con la urgencia y la seriedad que la situación demanda.
