Consejo de Economía Nacional

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Cabildo Abierto, sigue insistiendo con reflotar el Consejo de Economía Nacional, a pesar del escaso eco que tuvo dicha iniciativa desde que la lanzó, hace casi dos años en plena pandemia. Con todo respeto hacia los proponentes que están animados por los mejores propósitos, la iniciativa nos parece absolutamente descaminada por los motivos que a continuación pasaremos a exponer.

La Constitución de 1934 facultó a la ley a crear un Consejo de la Economía Nacional, con carácter consultivo y honorario, compuesto de representantes de los intereses económicos y profesionales del país. La ley indicaría la forma de su constitución y las funciones del mismo, dicho organismo se dirigiría directamente a los Poderes Públicos por escrito, pero podría sostener sus puntos de vista ante las Comisiones Legislativas por uno o más de sus miembros.

Dichas disposiciones fueron mantenidas por las subsiguientes Constituciones de 1942 y 1952, en la vigente desde 1967 las encontramos en los artículos 206 y 207, esta última tan sólo suprimió el artículo gramatical “la” de la denominación del órgano. La vigente Constitución de 1967 es fruto de una transacción política en el seno de la Asamblea General entre los proyectos reformistas presentados por el Partido Nacional y el Partido Colorado, cada colectividad debió ceder en muchas cuestiones con el propósito de arribar a un proyecto de consenso, que fue el que aprobó la ciudadanía en plebiscito el 27 de noviembre de 1966 mediante la papeleta color naranja.

El proyecto colorado suprimía el Consejo de la Economía Nacional y creaba la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en cuyo seno existirían Comisiones Sectoriales en donde estarían representados los trabajadores y las empresas públicas y privadas. Los nacionalistas acuerdistas aceptaron la creación de la OPP y no hicieron mayor caudal en la supresión del Consejo de la Economía Nacional que en su proyecto lo recreaban con una integración determinada.

En el curso de las negociaciones para no alterar la numeración de la Constitución de 1952, dado que se habían suprimido dos artículos de la Sección XI, se dejaron con la redacción original esos dos artículos que databan de la Constitución de 1934. Como lo expresa el Prof. Dr. Horacio Cassinelli Muñoz en su Curso de Derecho Público: “… la verdadera historia fidedigna de porqué persiste en la Constitución la referencia a este Consejo no es tanto de índole doctrinal cuando de índole aritmética”.

Durante 71 años ningún gobierno colorado, ni nacionalista tuvo interés en crear dicho Consejo. Cuando el Frente Amplio accede al gobierno lo crea por ley Nº 17.935 de 26 de diciembre de 2005 y lo reglamenta por decreto Nº 299/2006 de 29 de agosto de 2006. La mencionada ley estableció su composición con 40 integrantes: 12 por los trabajadores en actividad, 2 por los trabajadores pasivos, 12 por las empresas industriales, comerciales, agropecuarias y de otros servicios, 2 por los empresarios pasivos, 3 por los cooperativistas, 3 por los profesionales universitarios, 3 por los usuarios y consumidores y 3 por las organizaciones no gubernamentales que realicen convenios con el Estado.

El Consejo se instaló, pero al poco tiempo dejó de funcionar, sumiéndose en un letargo que significó su extinción. El Frente Amplio no lo reactivó en el resto de sus tres lustros de gobierno nacional, la realidad convenció a la coalición de izquierdas de que era un instrumento anacrónico e ineficaz.

La encomiable labor que llevó a cabo el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) creado por el Poder Ejecutivo con motivo de la pandemia de coronavirus, ha llevado a los cabildantes, a quererlo replicar en el área económica, lo cual es un profundo error.

A nivel científico y frente a una pandemia es posible llegar a consensos entre eminentes especialistas, por encima de las personales convicciones ideológicas que cada uno de sus integrantes tiene como ciudadano. La economía política es algo bien diferente a las ciencias básicas y aplicadas, dado que las concepciones ideológicas determinan propuestas antagónicas y salvo en cuestiones adjetivas el acuerdo se torna imposible.

Los lectores conocen nuestra postura contraria al corporativismo, un trabajador, un empresario, un pasivo, un consumidor o un profesional por el hecho de tal no deja de tener una determinada postura ideológica y política, de ahí que los partidos políticos son insustituibles. Los organismos sectoriales son de suma utilidad por ejemplo en las negociaciones salariales y de condiciones de trabajo, dado que ahí están en juego los intereses del trabajo y del capital como factores de producción, pero el diseño de las políticas económicas y sociales en una democracia le corresponde a los ciudadanos electos que representan partidos políticos en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo.

Raymond Aron expresaba con claridad meridiana: “la representación partidista debe servir de mediación entre los grupos profesionales y el Estado, dado que los diferentes partidos están ligados más o menos estrechamente a tales o cuales intereses, ninguno consiente en fundirse con un interés exclusivo, cada uno pretende encarnar la idea de un país, una interpretación del bien común e incluso una misión nacional y tal vez universal”.

No será resucitando un Consejo vetusto y anacrónico, una babel corporativa, resabio de atávicas concepciones políticas de los años treinta del siglo pasado, que el país podrá sostener e incrementar su crecimiento con inclusión social, que todos los orientales anhelamos. 

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