Sr. Director:
La tarde del domingo 9 de agosto de 2020, dos agentes policiales pertenecientes a la Dirección de Tránsito, de la Jefatura de Policía de Durazno, cumplían su servicio estacionados en la localidad de Santa Bernardina, cuando por el lugar pasó un ciudadano conduciendo una moto en infracción.
Los policías, en cumplimiento de su misión y perfectamente encuadrados en la ley de procedimiento policial, deciden detener al motociclista iniciando su marcha detrás de él. Una vez alcanzado, aplican el procedimiento de detención vehicular, ordenándole –a través de la voz y de señas– que detenga la marcha y estacione al costado del camino. Tal como lo hace la autoridad (aunque estemos desacostumbrados, la Policía lo es) en cualquier lugar del país y del mundo. El punto es que el infractor no solo no se detuvo, sino que aceleró la marcha con intención de darse a la fuga. Con su actitud incurría claramente en un delito de “desacato” (desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público). A escasos cuatrocientos metros, pierde el control del vehículo e impacta contra un árbol, quedando gravemente herido Santiago Cor, el conductor de la moto que a los pocos días fallece. Y hasta aquí los hechos, tal cual ocurrieron.
Ahora bien, pasando al plano de lo jurídico y concretamente a la formalización de los dos agentes policiales por un delito de “abuso de funciones y homicidio…”, entiendo debemos enfocarnos en cuatro aspectos: a) el social, b) el institucional, c) el judicial y d) el político.
La desobediencia del joven Cor, hoy viene siendo moneda corriente casi que generalizada en todas las edades y estamentos sociales. Los quince años de gobiernos “progresistas” la pregonaron y atizaron una insana rebeldía contra todo lo que represente autoridad. Palabrota de corte fascista, si las hay… Recordemos que hace un par de meses los sindicalistas desobedecieron la orden policial de no obstaculizar el tránsito en el puerto de Montevideo. He aquí lo social.
Es lógico suponer que esa desobediencia, que cuando es hacia la policía viene acompañada con humillaciones, ofensas y hasta con agresiones físicas, provoque una reacción… Y viene siendo recurrente que, a pesar de estar claramente establecida en las leyes, normas y reglamentos vigentes, la respuesta de la Policía a estos desmanes sea no del todo acertada o, lo que es peor, no reaccione. Lo que deviene en la pérdida de la autoridad del Estado.
¿El motivo?, probablemente sea la falta de confianza en los “mandos”, y el escaso respaldo político que durante los últimos tiempos venía teniendo el accionar de la Fuerza Policial. He aquí lo institucional…
Soy abogado y policía, y a mi criterio la fiscal actuante una vez más evidencia un error conceptual en su acusación. En este caso, está claro que desde el momento en que los policías le dan la orden de detenerse y no la acata, el joven fallecido, por lo pronto, incurrió en un delito de desacato. No es necesario ser policía para, en circunstancias como estas, pensar: “Si huye, por algo es”.
Preocupa la martingala jurídica concebida por la fiscal Zapater, para hacer recaer la responsabilidad por la muerte de Santiago, a los dos policías que cumplían su servicio. Por ejemplo, cuestionando que los policías no hayan depuesto su actitud… ¿Tan mal estamos?, el obligado a deponer la actitud debería ser el infractor y ¡no los policías!, señora fiscal. Por mandato constitucional y legal, estos estaban ejerciendo legítimamente la autoridad y usted lo sabe, o debiera saberlo. Resulta muy difícil catalogar su postura, y un tanto complejo buscar una explicación medianamente coherente para ella…
Infelizmente, fue la actitud imprudente y temeraria del joven, que lo llevó a acelerar su moto para, quien sabe por qué motivo, huir de la Policía. Así asumió una situación de riesgo, dado que la velocidad y quizás la falta de destreza para conducir en esas condiciones fueron determinantes para su trágico fin.
De ninguna manera fueron los policías quienes provocaron su muerte. Tenga la certeza, Dra. Zapater, de que los policías en cuestión se apenaron mucho por la muerte en que se vieron involucrados, pero probablemente más pena les da verse envueltos en estas perversas lides judiciales, por el solo hecho de haber cumplido con su deber. He aquí lo jurídico…
De prosperar la posición de la fiscalía, el mensaje a la Policía será, más que contradictorio, propenso a que en un futuro los policías, temerosos por lo que les pueda venir a pasar “si los agarra la Justicia”, se abstengan de cumplir con su deber. Y esto, simplemente conspiraría contra la política de seguridad del gobierno, en momentos en que está haciendo su mayor esfuerzo en el combate a la inseguridad.
Al desaguisado jurídico, ahora se le suman las críticas a la presencia del señor ministro del Interior en Durazno, el día en que se inició el juicio. Considerando el escenario planteado, es por demás obvio que su intención fue trasmitir apoyo y el debido respaldo político a los policías imputados por “abuso innominado de funciones” y “homicidio”.
En circunstancias en que la fiscal se extralimita manifiestamente en su acusación, al punto de poder llegar a causar daño moral a los policías y a la institución que ellos representan, el ministro hizo lo que debe hacer: estar al lado de sus hombres. El ministro estuvo muy bien, aunque puede que el lugar elegido para cumplir con su objetivo no fuera el más indicado.
Sepan, los dirigentes del FA y del PIT-CNT, los directivos del INDDHH y algún sindicalista afecto a recurrir a organismos supranacionales para solucionar las “problemas” nacionales, que el ministro Heber con su actitud no trata de ejercer presión a nadie. El ministro, lo que sí ejerce es liderazgo en la Fuerza de Seguridad del Estado que comanda. Por otra parte, su actitud para nada afecta la “institucionalidad”, como pronostica Fernando Pereira, como sí pueden llegar a afectarla determinadas y reiteradas conductas del brazo sindical del FA… He aquí lo político…
Sepa también, senador Carrera, que en el ministerio que usted gestionó, como tercero en el mando, en el período caracterizado como el de mayor inseguridad en nuestro país: hay mando, conducción y liderazgo. Asimismo, hay más seguridad, más respeto y reconocimiento social para con el Instituto y la policía está con la “moral alta”. En fin, hay todo y un poco más de lo que faltaba…
Vincular el caso de “los policías de Durazno” con la LUC es un recurso artero de la oposición, ante la íntima convicción de que la LUC no se derogará.
Crio. May. (R) Dr. Efraín Maciel Baraibar
Sr. Director:
La tarde del domingo 9 de agosto de 2020, dos agentes policiales pertenecientes a la Dirección de Tránsito, de la Jefatura de Policía de Durazno, cumplían su servicio estacionados en la localidad de Santa Bernardina, cuando por el lugar pasó un ciudadano conduciendo una moto en infracción.
Los policías, en cumplimiento de su misión y perfectamente encuadrados en la ley de procedimiento policial, deciden detener al motociclista iniciando su marcha detrás de él. Una vez alcanzado, aplican el procedimiento de detención vehicular, ordenándole –a través de la voz y de señas– que detenga la marcha y estacione al costado del camino. Tal como lo hace la autoridad (aunque estemos desacostumbrados, la Policía lo es) en cualquier lugar del país y del mundo. El punto es que el infractor no solo no se detuvo, sino que aceleró la marcha con intención de darse a la fuga. Con su actitud incurría claramente en un delito de “desacato” (desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público). A escasos cuatrocientos metros, pierde el control del vehículo e impacta contra un árbol, quedando gravemente herido Santiago Cor, el conductor de la moto que a los pocos días fallece. Y hasta aquí los hechos, tal cual ocurrieron.
Ahora bien, pasando al plano de lo jurídico y concretamente a la formalización de los dos agentes policiales por un delito de “abuso de funciones y homicidio…”, entiendo debemos enfocarnos en cuatro aspectos: a) el social, b) el institucional, c) el judicial y d) el político.
La desobediencia del joven Cor, hoy viene siendo moneda corriente casi que generalizada en todas las edades y estamentos sociales. Los quince años de gobiernos “progresistas” la pregonaron y atizaron una insana rebeldía contra todo lo que represente autoridad. Palabrota de corte fascista, si las hay… Recordemos que hace un par de meses los sindicalistas desobedecieron la orden policial de no obstaculizar el tránsito en el puerto de Montevideo. He aquí lo social.
Es lógico suponer que esa desobediencia, que cuando es hacia la policía viene acompañada con humillaciones, ofensas y hasta con agresiones físicas, provoque una reacción… Y viene siendo recurrente que, a pesar de estar claramente establecida en las leyes, normas y reglamentos vigentes, la respuesta de la Policía a estos desmanes sea no del todo acertada o, lo que es peor, no reaccione. Lo que deviene en la pérdida de la autoridad del Estado.
¿El motivo?, probablemente sea la falta de confianza en los “mandos”, y el escaso respaldo político que durante los últimos tiempos venía teniendo el accionar de la Fuerza Policial. He aquí lo institucional…
Soy abogado y policía, y a mi criterio la fiscal actuante una vez más evidencia un error conceptual en su acusación. En este caso, está claro que desde el momento en que los policías le dan la orden de detenerse y no la acata, el joven fallecido, por lo pronto, incurrió en un delito de desacato. No es necesario ser policía para, en circunstancias como estas, pensar: “Si huye, por algo es”.
Preocupa la martingala jurídica concebida por la fiscal Zapater, para hacer recaer la responsabilidad por la muerte de Santiago, a los dos policías que cumplían su servicio. Por ejemplo, cuestionando que los policías no hayan depuesto su actitud… ¿Tan mal estamos?, el obligado a deponer la actitud debería ser el infractor y ¡no los policías!, señora fiscal. Por mandato constitucional y legal, estos estaban ejerciendo legítimamente la autoridad y usted lo sabe, o debiera saberlo. Resulta muy difícil catalogar su postura, y un tanto complejo buscar una explicación medianamente coherente para ella…
Infelizmente, fue la actitud imprudente y temeraria del joven, que lo llevó a acelerar su moto para, quien sabe por qué motivo, huir de la Policía. Así asumió una situación de riesgo, dado que la velocidad y quizás la falta de destreza para conducir en esas condiciones fueron determinantes para su trágico fin.
De ninguna manera fueron los policías quienes provocaron su muerte. Tenga la certeza, Dra. Zapater, de que los policías en cuestión se apenaron mucho por la muerte en que se vieron involucrados, pero probablemente más pena les da verse envueltos en estas perversas lides judiciales, por el solo hecho de haber cumplido con su deber. He aquí lo jurídico…
De prosperar la posición de la fiscalía, el mensaje a la Policía será, más que contradictorio, propenso a que en un futuro los policías, temerosos por lo que les pueda venir a pasar “si los agarra la Justicia”, se abstengan de cumplir con su deber. Y esto, simplemente conspiraría contra la política de seguridad del gobierno, en momentos en que está haciendo su mayor esfuerzo en el combate a la inseguridad.
Al desaguisado jurídico, ahora se le suman las críticas a la presencia del señor ministro del Interior en Durazno, el día en que se inició el juicio. Considerando el escenario planteado, es por demás obvio que su intención fue trasmitir apoyo y el debido respaldo político a los policías imputados por “abuso innominado de funciones” y “homicidio”.
En circunstancias en que la fiscal se extralimita manifiestamente en su acusación, al punto de poder llegar a causar daño moral a los policías y a la institución que ellos representan, el ministro hizo lo que debe hacer: estar al lado de sus hombres. El ministro estuvo muy bien, aunque puede que el lugar elegido para cumplir con su objetivo no fuera el más indicado.
Sepan, los dirigentes del FA y del PIT-CNT, los directivos del INDDHH y algún sindicalista afecto a recurrir a organismos supranacionales para solucionar las “problemas” nacionales, que el ministro Heber con su actitud no trata de ejercer presión a nadie. El ministro, lo que sí ejerce es liderazgo en la Fuerza de Seguridad del Estado que comanda. Por otra parte, su actitud para nada afecta la “institucionalidad”, como pronostica Fernando Pereira, como sí pueden llegar a afectarla determinadas y reiteradas conductas del brazo sindical del FA… He aquí lo político…
Sepa también, senador Carrera, que en el ministerio que usted gestionó, como tercero en el mando, en el período caracterizado como el de mayor inseguridad en nuestro país: hay mando, conducción y liderazgo. Asimismo, hay más seguridad, más respeto y reconocimiento social para con el Instituto y la policía está con la “moral alta”. En fin, hay todo y un poco más de lo que faltaba…
Vincular el caso de “los policías de Durazno” con la LUC es un recurso artero de la oposición, ante la íntima convicción de que la LUC no se derogará.