En un Estado de Derecho la jerarquía y la materia de las normas jurídicas son una cuestión sustancial. La Constitución es la norma máxima en el ordenamiento jurídico interno de un país, sin perjuicio de las normas de Derecho Internacional Público. La ley está subordinada a la Constitución, así como los actos administrativos (decretos o resoluciones) lo están a la ley.
Este orden de prelación normativa está acompañado por la materia que se reserva para cada norma jurídica. La materia de la Constitución tiene una parte dogmática que consiste en la forma de Gobierno que se adopta y los derechos, deberes y garantías de los habitantes o ciudadanos y una parte orgánica que estructura las bases de sus Poderes y los complejos orgánicos que hacen al funcionamiento del Gobierno.
Todo lo expuesto es un necesario preámbulo para abordar una temática de candente actualidad. Cabildo Abierto ha iniciado una campaña de recolección de firmas con el propósito de plebiscitar, conjuntamente con las próximas elecciones nacionales, una enmienda constitucional que establece el límite máximo de la tasa de interés y las bases para la reestructura de deudas de determinadas personas físicas y jurídicas. A su vez algunos sectores sindicales y frenteamplistas aspiran a poner en marcha una recolección de firmas para establecer en la Constitución, plebiscito mediante conjuntamente con las próximas elecciones nacionales, la edad mínima jubilatoria en 60 años de edad, el mínimo jubilatorio y la eliminación de las AFAP.
Ambas iniciativas son absolutamente descaminadas, dado que dichas cuestiones son materia de la ley y no de la Constitución. Pretender que cuestiones tan específicas y variables en el tiempo se petrifiquen en un texto constitucional, es absurdo. Fijar por norma constitucional la tasa máxima de interés y a su vez establecer que dicho límite sólo puede ser modificado por una ley aprobada por los dos tercios del total de componentes de cada Cámara, es un despropósito mayúsculo, dado que una minoría de un tercio puede impedir cualquier modificación y con ello destruir el mercado del crédito. La reestructura de deudas estipulada en el texto es una fragrante violación de los contratos, que son ley para las partes, y por ende una grave perforación de la seguridad jurídica.
Es inaudito poner la edad mínima jubilatoria y el mínimo jubilatorio, ello traerá aparejado la quiebra del sistema previsional, dado que no sería sustentable financieramente en el tiempo. La supresión de las AFAP no sólo desestabilizaría al sistema previsional sino que afectaría las inversiones y con ello la economía se vería seriamente vulnerada en sus bases.
Todas ellas son propuestas demagógicas, que pretender adular al electorado. Es sabido que la generalidad de la ciudadanía, aspira a tener crédito a bajas tasas de interés, ingresos altos, jubilarse a edades tempranas, pagar bajos precios por bienes y servicios, etc. Ello sería la panacea, pero sabemos que es imposible, la economía no funciona de esa manera, de lo contrario ya estarían resueltos todos los problemas materiales de los humanos.
Los recursos son finitos y las expectativas populares infinitas. Alterar los mercados lleva al más estrepitoso de los fracasos, la evidencia empírica es irrefutable desde Diocleciano, pasando por Robespierre, hasta llegar a las experiencias colectivistas contemporáneas. Es un abuso lingüístico hablar de deuda justa, ingresos justos y precios justos. La justicia es un concepto metafísico que no opera en la cooperación social espontánea que son los mercados. La mente humana, que no es omnipotente ni omnisapiente, no puede establecer criterios de justicia con relación a todos los factores que movilizan los mercados, tan sólo puede facilitar la persecución de fines individuales que no se conocen.
Todo es fruto de la acción humana pero no del designio humano nos lo decía Ferguson y Hayek nos prevenía sobre la fatal arrogancia de quienes pretender planificar las acciones humanas. El volumen de información que fluye en los mercados es imposible de ser conocido y previsto. El Cuerpo Electoral podrá decidir lo que se le antoje, pero la realidad no va a mutar por su voluntad, de aprobarse estos proyectos nos sumiremos en la más estrepitosa regresión económica.
Esperemos que prime la sensatez y ello no ocurra, no obstante, estamos en peligro y de ello debemos ser conscientes.
