EL DERECHO Y LA INJUSTICIA… Por Nelson Jorge Mosco Castellano

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EL FIN DEL RELATO:

Cuando la parca está cerca los más recalcitrantes servidores de ideologías perversas que defendieron un relato mentiroso se retractan. Carlos Liscano que en su libro Cuba, de eso mejor ni hablar: «Hablo de lo que me pasó a mí, que también fui creyente, fervoroso defensor de la Revolución cubana, admirador del Che. Muchos amigos míos acabaron en la cárcel por defender esas ideas. Algunos murieron. Casi todos éramos muy jóvenes». Crónica de un desencanto largamente procesado y una severa acusación a parte de la intelectualidad occidental y gran parte de la izquierda, crítica (a veces) en la intimidad, pero obsecuente en lo público, de la romántica versión de los Castro de la lucha contra otra dictadura que amparó compañías americanas que abusaron de los derechos de los isleños. Una inmensa mayoría de la población empobrecida, la casta comunista-militar-gubernamental gozando privilegios, millones de exiliados, libertades hechas cenizas, y brutal represión. Aquellos que vinieron a barrer tiranuelos se convirtieron en tiranos de sus pueblos. Nacionalizaron la explotación del hombre por el hombre.

Otro desencantado, Alberto Couriel, que supo brindar asesoramiento profesional a canallas, y tuvo proyección parlamentaria enancado en sus ideas, vino a reconocer: «Estuve a favor de la Revolución Cubana», pero hoy su visión es que produjo: “Una sociedad que no avanzó económicamente, que no pudo seguir avanzando socialmente, que nunca tuvo democracia, …hoy soy crítico del proceso cubano, hoy soy crítico de movimiento de Daniel Ortega en Nicaragua, en donde estuve trabajando y dando clases a los dirigentes sandinistas, junto con el ministro de economía de Allende. Y tampoco estoy de acuerdo con lo de Maduro en Venezuela”. Al FA le cuesta aceptar estas posiciones porque tiene grupos políticos adentro (como el partido comunista) que les cuesta mucho aceptar críticas a los actuales gobiernos de Venezuela o de Nicaragua”.

Luego de la implosión del “socialismo real”, y expuesto su holocausto, únicamente quedan elementos residuales de la KGB que se apropiaron de empresas del pueblo, y las invierten en clubes de fútbol. Otros perseveran en el oficio aprendido de producir guerras ahora no tan frías. Pese a estas confesiones de quienes encubrieron tiranías, y tardíamente reconocen su debilidad moral, la concentración de la riqueza en los que dominan a sus empobrecidos pueblos, sigue habiendo cuadros militantes que bregan por estas dictaduras. Lucran con su calenturienta ex ideología por necesidad, por egoísmo, y por avaricia. Abusan de sus reclutados militarizados que no pueden dejar la secta, tal como denunció Valeria Ripoll. Ocultan las acciones de estos sátrapas para su beneficio. Utilizan la democracia para vilipendiar derechos y cometer injusticias. Degradan nuestra institucionalidad, mientras adoran al totalitarismo, la violencia y la desintegración social.

UNA JUSTICIA QUE MARCHA POR LA IZQUIERDA.

El artículo del dos veces presidente Dr. Julio María Sanguinetti, “Militares, jueces y un fiscal” expone una transición frustrada hacia el Estado de Derecho que muchos venimos denunciando. Refiere al procesamiento, con prisión, del ex Comandante en Jefe del Ejército teniente general Juan Rebollo, al que se le hace responsable de un trágico episodio, ocurrido en 1974, en un enfrentamiento entre tupamaros, que como tantos estaba integrada por mujeres jóvenes adoctrinadas que murieron en el enfrentamiento con quienes las buscaban por sediciosas por orden del Estado. Murieron tres jovencitas y el jefe del grupo militar actuante, capitán Juan Gutiérrez, resultando también herido el entonces teniente Rebollo. No fue un episodio militar más. Ni las jóvenes debieron estar atentando en el año 1972 (plena vigencia del Estado de Derecho) contra las instituciones, ni el gobierno democrático debió enviar una partida militar a combatirlas. Ellas, porque fueron cooptadas como carne de cañón por una organización criminal que las usaron en una guerra fratricida; y aquellos, también jóvenes, lejos de su responsabilidad constitucional de Defensa Nacional, fueron conminados por el parlamento democrático y por su superioridad a cumplir una obligación extraordinaria, ordenada por el mando, fuera de su cometido institucional, como tantas otras que se le piden a las Fuerzas Armadas.

Fue considerada en su tiempo, por la Justicia legal actuante, legítima defensa. Quienes atentaron a balazos contra representantes de la civilidad, fueron repelidas cumpliendo su obligación en un cruento enfrentamiento. El fiscal actuante, 50 años después, reconoce ese hecho fundamental pero luego se contradice en sustancia porque aparte de ignorar hasta la prescripción del delito, reconoce que hubo un “fuerte tiroteo de varios minutos” pero luego afirma que las tres jóvenes muertas fueron fusiladas… Todas presunciones, cuando un fiscal solo puede acusar si posee la certeza absoluta de los hechos. En el caso, hasta duda de si “hubo resistencia o no” al allanamiento, pero igualmente acusa a quienes estaban repeliendo de delincuentes una agresión. Es muy grave, porque desde que hay leyes, in dubio pro reo, se aplicó hace 50 años y debió sostenerse ahora, en la duda a favor del acusado. Dice el presidente Sanguinetti: “El episodio nos importa particularmente, porque no estamos hablando de las figuras condenables de la dictadura, sino de un oficial de la democracia, como otros que sufren hoy parecidas amenazas”.En un expediente donde se juzga un homicidio que ocurrió en otra unidad militar y mucho después, se analizan interrogatorios como si ello significara alguna responsabilidad en el episodio fatal. En el caso, se establece la presunción de que siendo él oficial de inteligencia, tenía que saber que estaban ocurriendo abusos con el detenido. Ocurre que ni era el oficial de inteligencia ni hay prueba de que interrogó a la presunta víctima”. De lo que hay prueba es que hubo un enfrentamiento a tiros que no daba para andar preguntando a las que tiraban. Sigue Sanguinetti: “Algo análogo se da con el almirante Daners. Estamos, como se advierte, en un terreno muy peligroso para la vida democrática de un país que construyó un clima de paz luego de la dictadura, sobre la base de una gran magnanimidad”. Luego de la ley que amnistió a los tupamaros, quedaron 30 crímenes sin resolver, por los que nadie fue preso.

Pero además de que se desconoce por estos operadores del derecho la ley de caducidad, la Justicia está sometiendo a escarnio, sin pruebas y a contramano de hechos juzgados en democracia, a quienes enfrentaron al enemigo que el Estado de Guerra Interno dispuso combatir. Si hubo excesos fue en una guerra. Si hubo guerra y se hizo intervenir a las FFAA fue porque la policía fue rebasada por la insurgencia sediciosa. Y en tal caso debió y debiera seguir actuando la justicia penal militar, si no hubiera prescripto el eventual delito denunciado tardíamente. Y más relevante, no se aportó nueva prueba sobre este enfrentamiento entre delincuentes y quienes fueron obligados a reprimirlas. “Luego se empezaron a decretar procesamientos sin mayores pruebas y ahora se está llegando a jóvenes oficiales de la época, que hicieron luego una destacada carrera bajo los gobiernos democráticos y llegaron a “generales” o “almirantes”. Para ello se retuercen los textos jurídicos y hasta se hacen apreciaciones políticas totalmente fuera de lugar, como decir que haber encargado a las Fuerzas Armadas el combate a la guerrilla, en setiembre de 1971, generó un “camino inexorable” hacia el golpe de Estado. Ello ocurrió, como se sabe, a 60 días de una elección, cuando se produce la fuga tupamara del Penal de Punta Carretas y un gobierno que solo había enfrentado el tema, con la Policía, no tiene otro camino que apelar a las Fuerzas Armadas”. Un actor de primera línea reconoce que fue el sistema político legítimo quien impuso a las FFAA entrar en esta “guerra”, que los tupamaros habían iniciado contra la Institucionalidad. Y Sanguinetti denuncia otro abuso del fiscal:”…ningún fiscal está autorizado a hacer juicios políticos y menos sobre un hecho legal y justificado de un gobierno democrático. Desgraciadamente, estos hechos se plantean en términos en que cualquier enfoque que no parta de la condena a priori del militar, provoca la descalificación grosera. Aun a riesgo de ella, y por un deber moral, nos sentimos en la obligación de plantear esta situación…Lo peor es que se está condenando a militares profesionales serios por hechos de hace 50 años en que su deber les impuso actuar en dificilísimas circunstancias de tensión y enfrentamiento. Son militares que, lo afirmo en nombre de la experiencia personal, ayudaron a la reconstrucción democrática. El Poder Judicial, al que todos particularmente respetamos, viene incurriendo en excesos de algunos jueces en diversos ámbitos. En estos temas, ha cambiado una y otra vez de opinión y adolece de episodios como los narrados. Específicamente, están actuando un solo fiscal y dos jueces. Nos duele, nos preocupa, nos genera pesar. Una sociedad uruguaya, que fue con justicia ampliamente generosa con los responsables de la violencia política de los años 60 y 70, no debe aceptar que, forzando leyes y tratados, se instale un clima de persecución que bien puede calificarse de revancha, venganza o, aún peor, de explotación demagógica. La democracia no puede hacerse cómplice de la degradación del derecho y la justicia”. 

Se han sumado el Dr. Ronald País, a estas denuncias que venimos realizando, expuso concretas desviaciones judiciales y fiscales, que dieron por tierra con el sistema que igualaba en derechos a todos los uruguayos en un juicio imparcial. Claudicaciones gravísimas, abusos de derecho, que hacen ilusoria a la Justicia.

ES POR PLATA 

Atrás de todas estas organizaciones internacionales hay especuladores millonarios que apuestan por la esclavitud global. Se ha montado una organización que no tiene escrúpulos y carece de valores humanos. Utilizó y utiliza a jóvenes abusando de su idealismo involucrándolos en acciones violentas. Armaron una orga que llevaba al país a experimentos socio-económicos probadamente fracasados. Intransigentes con la realidad del mundo libre, del que algunos se abusan, han asumido otra vez una acción facciosa para lucrar. En abuso de derecho sacan rédito de la conmoción que provoca usar al derecho, injustamente, contra aquellos a quienes debemos agradecer defendernos en una guerra fría por intereses hegemónicos.

El gobierno tolera que se les envíe a la cárcel, o peor a prisión domiciliaria, y vivan la tortura de la injusticia más brutal. Las denuncian no llegan a la acción política hasta ahora indiferente para poner orden en la Justicia, y frenar los abusos contra estos combatientes por nuestros derechos, expuestos al odio vengativo de aquellos a quienes fueron enviados a combatir. Depende de políticos recomponer la verdad histórica. Recomponer que el derecho nos iguale en defendernos contra el abuso. Imponer el rechazo institucional a vándalos que quieren a todos los uruguayos sojuzgados a su sevicia.

Tarde para muchos que ya murieron, otros hace tiempo viven este martirologio judicial injusto. Tarde para haber permitido abusar en estado de derecho. Tarde para que muchos vuelvan a comparecer confiados en “nuestro día” ante jueces y fiscales. Algunos manchados por subjetividades, o alineados a intereses que denigran la función que todos los uruguayos pusimos a su cargo. Algunos por vínculos familiares con la organización que atentó contra la democracia; otros, pusilánimes, o presionados, no han sabido o no han querido honrar su toga.

No valoran la prueba objetivamente. Invierten la carga de la prueba poniendo al denunciado en posición de sentenciado. Anteponen prejuicios propios y son permeables a la presión externa en contra del justiciable. Abusan del poder del cargo para condenar sin miramiento alguno. Serviles ideológicamente, nos están condenando a todos en cada juicio; enviando el mensaje artero de que nadie se meta con ellos. Aún, los que asolen con el terror tomando por mano propia la vida de cualquier ciudadano.

Es obligación ética, moral y política gritar buen fuerte denunciando cada atropello mientras nos permitan hacerlo los Foros de San Pablo y Puebla. Promotores obscenos contra la libertad, que encienden otra forma de revolución, por la plata. Despiertan a ingenuos a reclamar para beneficio de expertos en orquestar relatos, inventar testigos de oídas, afiatar a la actuación judicial. Crean argumentaciones jurídicas como la revisión de dictámenes médicos extemporáneamente, que llaman autopsia histórica. Han querido imponer la obligación jurídica de denunciar a quienes consideran responsables por quienes saben inocentes, falsamente denunciados. Utilizan los muertos de un enfrentamiento que provocaron.

LA OBLIGACIÓN POLÍTICA CON LA REPÚBLICA.

Es entendible el resabio de algunos políticos con quienes extendieron por doce años la supresión de la institucionalidad decidida por Bordaberry, aislado de respaldo político. Pero, deben diferenciar a los militares que pudieron decidir por la institucionalidad y no lo hicieron, de jóvenes oficiales que nada pudieron opinar al respecto, denunciados y juzgados por civiles obcecados con en su condena. Nadie se merece en Estado de Derecho ser procesando sin prueba. Ni que se le aplique el derecho del “enemigo” con aviesa intención de venganza, procurando lucrar con un proceso que permita el beneficio de leyes que deben reparar alguna injusticia propia de una guerra. Esas normas incentivan denuncias y persecuciones que únicamente pueden prosperar cuando hay organizaciones que arman una causa que sospechosamente demoró 50 años, en democracia, para ser promovida.

No opera el viejo y sabio instituto de la prescripción para estas denuncias extemporáneas de delitos comunes. Se invierte la carga de la prueba, flexibilizándola hasta forzarla, en supuesto amparo de la tardía acción del denunciante, no imputable al denunciado. Se procesa a veteranos servidores con prisión indeterminada, un ritual inconstitucional e ilícito: mantenerlos presos sin condena porque no hay prueba suficiente. Derogan de iure, para estos casos, la norma favorable al encausado, que abusaba de la detención del procesado sin condena.

La Suprema Corte de Justicia tiene también responsabilidades que rendir. Se le ha presentado un pedido de Habeas Corpus para un militar procesado con prisión sin condena, siendo obligación constitucional que el Supremo tribunal resuelva con urgencia sobre la ilegalidad de la inferior al mantenerlo preso violando el derecho a la libertad de un ciudadano. Sin expedirse como debió hacerlo, la Corte devolvió el expediente, a la juez denunciada para que la posible abusadora resolviera sobre su propia responsabilidad, incumpliendo su inexorable deber. Es tanta la presión sobre los jueces que vienen desarrollando estos grupos, que prefieren procesar a un militar sin prueba que exponerse a la agresión de que no cumplieron su “obligación” de procesar. Son varios los partícipes de ideas de izquierda que han denunciado honestamente este “linchamiento” como la ex ministra Azucena Berrutti, el presidente Mujica y en especial, el ex ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, a los que se suma ahora el dos veces presidente Sanguinetti.

Nobleza obliga reconocer que conocí y conozco a algunos de estos hombres, a sus mujeres y a sus hijos, y me honran con su amistad. Ello no inhibe por subjetividad adherirme a las denuncias, y como persona formada en el derecho cumplir el 4° mandamiento del decálogo del Profesor Eduardo Couture: “Lucha. Tu deber es luchar por el derecho: pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia”. Obligado a ello, y en defensa únicamente de la JUSTICIA brutalmente avasallada, exhorto a todo aquel que conozca casos de abuso de derecho procesal a que se sume a llamar a responsabilidad a los involucrados.

A los gobernantes a que vuelvan al quicio del derecho, y, como es su obligación, defiendan a todos a quienes representan, de la injusticia.

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