Sin perjuicio de las alzas y las bajas, que en el curso del tiempo, revelan las estadísticas y de la abnegada labor policial, fiscal y judicial, la lucha contra el narcotráfico ha entrado en una suerte de espiral sin fin. La mayor parte de los delitos que se cometen en el país y en especial los homicidios, tienen relación directa o indirecta con el narcotráfico. Suponer que esta trágica situación, que atribula y enluta a miles de compatriotas en particular y a la sociedad toda en general, se va a solucionar con más represión y punición, es desconocer el meollo de la cuestión, que es de naturaleza económica. La prohibición del comercio de las drogas duras, aumenta desmesuradamente su precio, dado que es una mercancía que cuenta con una demanda específica y creciente. Hay una regla económica básica: toda oferta es demanda y toda demanda es oferta. El mercado siempre va a existir, la diferencia es que será negro o blanco, ilegal o legal.
Es lo que ocurrió en los Estados Unidos cuando rigió la “ley seca” de 1920 a 1933, que prohibía la producción, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas. Su fracaso fue total y la prohibición dio nacimiento a crueles organizaciones criminales encargadas de ofertar la mercancía proscripta, con ganancias astronómicas que luego eran “lavadas”. Lo mismo ocurre ahora con las drogas ilícitas, la criminalidad y el poder corruptor han alcanzado, en todo el mundo, dimensiones insostenibles. No se nos escapa que las drogas duras, en muchísimo mayor grado que las blandas como el tabaco y el alcohol, son gravemente perjudiciales para la salud humana. La humanidad ha convivido con las drogas duras desde la más remota antigüedad, pero contemporáneamente han sido catalogadas en las Convenciones de Nueva York de 1961 y de Viena de 1971. En nuestro país la primera norma en la materia es el decreto ley Nº: 14.294 de 31/10/1974, el cual ha tenido múltiples modificaciones en el curso de los años. Ante una realidad trágica se impone reflexionar sobre si la prohibición y represión del comercio de las drogas duras es la solución a un grave problema de salud que su consumo conlleva, o por el contrario el camino es la legalización regulada del mercado, como reducción de daños, acompañado de una política pública educativa de prevención desde la educación primaria en adelante. Con esta segunda opción desaparecería el narcotráfico y por ende la criminalidad asociada a él. Sensatamente nadie ha propuesto un mercado de drogas duras absolutamente libre, tampoco él existe para el tabaco, el alcohol, los psicofármacos, las armas de fuego o los juegos de azar.
La realidad aunque nos desagrade, en este tema como en tantos otros, no la podemos desconocer, el consumo existe y el mismo, en el país, no es delito. Lo que se trata es de encontrar una regulación adecuada que minimice los daños y a la vez desaliente su consumo. Somos conscientes que siempre va a existir un mercado marginal, como ocurre con toda otra mercancía que no es de libre comercialización, pero dicha circunstancia inevitable no es comparable con la prohibición total. La gran objeción que se formula es que la legalización regulada aumentaría el consumo, pero ello no necesariamente debiera ocurrir si fortalecemos las políticas educativas y sanitarias como ha ocurrido con el tabaco. Siempre con prohibición o legalización habrá consumidores, que por más advertencias que reciban, van a hacer uso de su libertad y nadie puede ni debe interferir en el señorío que cada humano tiene sobre su cuerpo, ya esto en 1859 lo analizaba magistralmente John Stuart Mill en su obra “Sobre la libertad”. Seguir por el camino de la prohibición y la represión nos conduce a un escenario de criminalidad que atenta más contra la salud y la vida, que un mercado regulado. Dada las Convenciones internacionales existentes, ningún país unilateralmente puede abolir las prohibiciones, por ello la solución debe ser global. Gary Becker, Premio Nobel de Economía 1992, el 20/11/2000 ante la prensa expresaba: “La legalización de la droga directamente eliminaría el lavado de dinero. Podría convertirse en una actividad legal y regulada. Yo apoyo la despenalización de la droga. Creo que los intentos de hacerle la guerra a la droga, que comenzó en Estados Unidos con el Presidente Richard Nixon y que siguieron con cada nuevo Presidente hasta Bill Clinton, fallaron. No hemos logrado reducir el consumo de drogas, pero hemos utilizado personal militar contra el cartel de Colombia y yo no creo que deban usarse militares para eso.
También utilizamos a la Policía y permitimos que creciera la corrupción porque hay tanto dinero involucrado que los policías terminan robando droga y vendiéndola. Además cada adicto a la droga terminará robando, porque no puede pagarse su adicción. Esto no pasaría si la droga fuese legal. Hay problemas con la legalización, no lo niego, pero si se miran todos los problemas que también genera combatir la droga, como el lavado de dinero, la corrupción y el apartamiento de las fuerzas policiales de su verdadera tarea, la balanza termina inclinándose a favor de la legalización”. La solución a esta tragedia contemporánea, que afecta en especial a los jóvenes, obviamente no está a la vuelta de la esquina, ni existen fórmulas mágicas, pero es un buen ejercicio meditar sobre una temática que viene siendo encarada a nivel global en forma equivocada.