La Marcha de la Diversidad en Uruguay, a pesar de ser un evento que debería celebrar la igualdad y los derechos, se ha convertido en un espacio donde la politización predomina sobre la lucha por la inclusión. Muchas veces estas luchas se ven relegadas a un segundo plano en favor de intereses políticos que priorizan el mantenimiento del poder sobre la verdadera emancipación de la comunidad. La proclama de este año, que abarca desde los plebiscitos hasta el conflicto en Palestina, se presenta como un intento de entrelazar la lucha por la diversidad con causas globales que nada tienen que ver con la sexualidad y el respeto al otro. Es así que en lugar de un espacio de lucha genuina, la marcha se convierte en una plataforma política totalmente afín a la izquierda
Asimismo, el silencio que rodea situaciones incómodas, como la denuncia de una trabajadora sexual trans contra un político de izquierda, revela la hipocresía que puede existir dentro de los mismos colectivos que claman por la igualdad. Mientras se denuncia la violencia hacia las trans, se ignoran las realidades de aquellos que no encajan en la narrativa conveniente. Este doble rasero no solo desvirtúa el mensaje de la marcha, sino que también perpetúa la estigmatización y la exclusión, convirtiendo a la proclamación en una mera estrategia política en lugar de un verdadero llamado a la acción y la inclusión.
En vez de utilizar este espacio como un verdadero foro de reivindicación, lo convierten en un espectáculo donde sus intereses políticos prevalecen por encima de las necesidades genuinas de quienes verdaderamente luchan por su dignidad y derechos.
El silencio vergonzoso que rodea a las denuncias de violencia hacia personas trans, especialmente cuando se origina en torno a una político de izquierda, expone la hipocresía más crasa dentro de la comunidad. Cuando una trabajadora sexual trans denunció a un político de izquierda, todos se mostraron repentinamente mudos, a pesar de que la denuncia resultó ser falsa. Este hecho revela que, para muchos, la lucha por los derechos es más una cuestión de conveniencia que de compromiso real.
Es lamentable observar cómo la proclama utiliza temas tan serios como los plebiscitos de seguridad social y el de los allanamientos nocturnos como herramientas de manipulación política. En lugar de ofrecer un análisis profundo y alternativas efectivas, se limitan a hacer ruido. Por otro lado, el “clamor” por Palestina libre es otro de esos discursos que suenan bien en la retórica política, pero que, curiosamente, omite cualquier mención a Hamas, el grupo que perpetúa la violencia y el conflicto en la región. Otro punto es la negativa a apoyar la ley de internación compulsiva se convierte en una crítica vacía que carece de propuestas alternativas. En lugar de contribuir a un debate saludable, se limitan a condenar, mostrando que su verdadero interés no es la solución de problemas, sino el mantenimiento de una narrativa política que les permita permanecer en el poder, a expensas de quienes realmente sufren.
La proclamación de que el matrimonio es una «imposición patriarcal» es una de las contradicciones más flagrantes que encontramos en este discurso. Después de años de lucha para obtener el reconocimiento legal de un derecho que garantiza protección y estabilidad a parejas que han compartido su vida durante décadas, se atenta contra un pilar fundamental de la igualdad. Este derecho no solo se trata de un mero capricho, sino de un reconocimiento jurídico necesario que evita que parejas queden a la deriva, especialmente en cuestiones patrimoniales y de derechos sucesorios. Negar la importancia del matrimonio es ignorar las realidades de quienes buscan proteger sus relaciones y sus bienes en casos específicos.
Al abordar la gordofobia, se menciona el tema sin el debido contexto que exige un enfoque responsable. Si bien es cierto que la gordofobia es un problema que afecta a muchas personas, omitir que la obesidad es considerada una enfermedad es un error que perpetúa la falta de información y la estigmatización de quienes la padecen. Al tratar estos temas de manera simplista, se corre el riesgo de trivializar problemas de salud serios y complejos. Por otro lado, el llamado a reconocer prácticas sexuales específicas o relaciones no monogámicas se presenta como si estas necesitaran la validación pública para existir. Sin embargo, la intimidad es, por definición, un espacio privado que no requiere aprobación externa, y la insistencia en ello sugiere una falta de respeto por la autonomía individual.
Por último, el uso de un lenguaje inclusivo en la proclamación, lejos de ser un avance, es un intento de forzar el lenguaje para que se ajuste a una ideología específica que termina por distorsionar el mensaje y dificultar la comunicación clara. Las contradicciones en la proclama revelan no solo la falta de coherencia en la defensa de ciertos derechos, sino también una ausencia de profundidad en el análisis de los problemas que se abordan.
En el transcurso de los años, la proclama ha ido perdiendo toda credibilidad posible, transformándose en un espectáculo donde la victimización se erige como bandera y estrategia. No se trata de una lucha genuina por la igualdad y la justicia, sino de un intento desesperado por obtener privilegios que los coloquen por encima de los demás. La politización de cada tema, desde el matrimonio hasta la seguridad social, revela que este movimiento se ha alineado de manera alevosa con la izquierda, utilizando la lucha por los “derechos” como un mero vehículo para perpetuar sus intereses y permanecer en el poder.
Al priorizar una agenda política sobre el bienestar colectivo, el movimiento demuestra que su compromiso con la igualdad es, en el mejor de los casos, superficial. Así, queda claro que el camino que han elegido es más un ejercicio de oportunismo que un verdadero esfuerzo por construir una sociedad más justa.
