LA SEGURIDAD PÚBLICA: ¿REALMENTE SE QUIERE SOLUCIONAR? Por Antonio Romanelli

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Aristóteles decía: “Los discursos inspiran menos confianza que las acciones”. Quienes practicamos y operamos en la Seguridad esto lo tenemos muy adquirido. Una pregunta que me hacen con una frecuencia inusitada es ¿Cómo no podemos arreglar la seguridad en un país de tres millones y medio de habitantes? Resulta obvio, pero desde hace muchos años el deterioro que visualizamos día a día y del que recibimos sólo una parte de esa información, le resulta inexplicable a la mayoría. Al mismo tiempo, una parafernalia de estadísticas, explicaciones y supuestos planes forman parte de ese discurso que la actual y la anterior administración procuran explicar mediante comparaciones y relatos cada vez menos creíbles, pero la realidad supera en pocos días esos relatos. Estamos perdiendo nuestra condición de confiables y relativamente seguros en la Región, lo que puede en mediano plazo impactar en las preferencias de quienes optan por el Uruguay para vacacionar o para invertir. Existen estudios importantes sobre el correlato de pérdida de valor de los bienes raíces frente a cada punto de incremento de los homicidios y de la criminalidad en cada zona anualmente y su prolongación implica desvalorizaciones importantes de barrios completos. Pero eso también les sucede a los países.  Pero el correlato mas importante de la Seguridad es con la Libertad, porque el deber de protección genera la libertad de amenazas o peligros y eso es parte de la definición de Seguridad. No comprender esto es no comprender la historia. Una máxima de Horacio decía: “Quien vive temeroso, nunca será libre”.

Cuando la Coalición recibió el Gobierno, el estado de la Seguridad calificaba como bajo, con crecientes tasas de criminalidad, existiendo zonas específicas de la Capital con guarismos iguales o superiores a algunas ciudades de la región con las que no deseamos compararnos. También se dieron episodios inusitados que aún siguen sin explicarse como la fuga de un importante elemento de la mafia italiana ´Ndraghetta de la Cárcel Central en la propia Jefatura de Policía de Montevideo, así como los anteriores episodios de traslado y custodia de otro capo de un famoso Cartel Mexicano al mismo lugar donde se reunía con el primero. Ya en el 2005 tuvimos otro episodio con un famoso narco israelí que escapo del Penal de Libertad. Esto pasó en el Uruguay y quedó muy cuestionada nuestra capacidad de control, confiabilidad y manejo de este nivel de delincuentes a nivel internacional.

Se suponía que, con el cambio de administración a partir de marzo de 2020, se daría un sustantivo cambio de enfoque e impulso contra el crimen. Una disminución de la criminalidad en el período de pandemia que oportunamente le señalamos al Gobierno no fue el resultado de una estrategia, que en realidad no era otra que la continuidad.

Tal como lo pronosticamos, al retomarse la actividad normal del país, se volvió a la situación del año 2019. Pero el fondo del tema sigue sin encararse, dado que no existe una planificación seria y contundente, así como una Política Criminal con objetivos claros y medibles para un empleo de los medios eficiente y coordinado a nivel regional (Uruguay debería integrar el Mecanismo de Coordinación de la Triple Frontera al menos como observador para actualizar insumos de información regionales).

Actualmente, si bien existe una tendencia muy leve a la disminución de los delitos, han vuelto a sucederse episodios inusitados y poco explicables como la expedición de un Pasaporte uruguayo a un relevante narcotraficante que estaba detenido en una cárcel de el Golfo Pérsico por intentar emplear un pasaporte paraguayo falso y a resultancias de este acto, quedó liberado, estando prófugo y requerido por otros Estados de la región. Esto en términos de seguridad significa que el Gobierno de Uruguay le brindó protección a un importante narcotraficante, gestionando su liberación. También se dieron episodios delictivos entorno al  Jefe de la Custodia del Presidente de la República en colusión con jerarquías del Ministerio del Interior, lo que motivó destituciones y casos asociados a presuntos espionajes a legisladores y una presunta red de expedición de pasaportes uruguayos a extranjeros. Todo inexplicable poniendo en duda nuevamente, la capacidad de las Autoridades de Seguridad del país para garantizar un control y protección de los intereses de seguridad del país además de generar dudas y suspicacias.

Como socios de la Coalición, desde un primer momento percibimos esquemas que no traerían buenos resultados y en ese sentido hemos aportado iniciativas e ideas en muchas instancias (2020, 2021, 2022 y 2023) a las Autoridades del Ministerio del Interior en este período, señalando nuestros diferentes enfoques producto de la aquilatada experiencia de nuestros Asesores en Seguridad Pública, para contribuir a una gestión exitosa y no una sucesión de improvisaciones. En ese sentido, algunos de los temas en los que enfatizamos para lograr cambiar la realidad de la seguridad son los que describimos brevemente a continuación.

1. Tener una Estrategia. Lo primero que señalamos es la insoslayable necesidad de contar con una Estrategia de Seguridad definida, plasmada en varios Planes ajustables a la evolución del delito y las amenazas, asunto que no visualizamos claramente hasta hoy. Es necesario establecer hacia donde se va. Formular objetivos alcanzables y medibles. Esto es la piedra angular de la Gestión de Seguridad en cuanto a  Política Criminal, de Fronteras, de lucha contra el Crimen Organizado Trasnacional, Lavado de Activos, de Inteligencia, de Control Territorial y Despliegues. Todo esto no lo vimos nunca claramente.

2. Control Territorial. Consideramos que una fuerte impronta de Control Territorial urbano, en rutas, en áreas rurales y en fronteras generando varios anillos de seguridad son la base de la prevención de varios delitos incluyendo al narcotráfico obligándolo a  enfrentar permanentemente nuestro control combinado y nuestra hostilidad con un grado de dificultad continuo.

3. Tecnología de Seguridad. El incremento en el empleo de la Tecnología de Seguridad en apoyo directo a las Zonas Operativas y  aquellas Seccionales de Contexto Critico, creando mas de un Centro de Operaciones en todas la Zonas desde donde integrar la videovigilancia, la detección, los Sistemas Geográficos de Información y otros vectores de control. Integrar toda la información civil de Municipios y Alcaldías generada para implementar las respuestas en coordinación con los Gobiernos Locales.

4. Control del Lavado de Activos. El reforzamiento de las funciones y recursos humanos de la SENACLAFT para que pueda ejercer un control adecuado y coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central y otros organismos del Estado sobre el Lavado de Activos.

5. Control de Fronteras, Espacio Aéreo, Costas y Rutas. La Galvanización de las Fronteras, creando estructuras combinadas con el MDN para el control de estas, el control en varias capas de seguridad de las rutas nacionales. Control completo del Espacio Aéreo con radares específicos, control oceánico y fluvial radarizado así como fronteras con equipamiento de detección y radares terrestres. Establecer un Sistema de Gestión de Fronteras, que permita el control no solamente de personas, sino de cargas, vehículos, con escáneres en todos los Pasos de Fronteras y elementos de control de radiaciones.

6. Proyecto de Cárceles. Generar un Proyecto de Política Carcelaria que priorice las tareas de recuperación con énfasis en el trabajo obligatorio, la construcción de una Cárcel de Máxima y dos de Mínima Seguridad y la atención a privados de libertad con adicciones. Debe necesariamente establecerse un Plan completo especificando objetivos y prioridades. Deben considerarse las recomendaciones y diagnósticos del Comisionado Parlamentario de Cárceles y la normativa internacional para el respeto y protección de los privados de libertad.

Estos son algunos de los elementos de nuestras propuestas, pero lo básico es tener la voluntad y decisión de encarar y enfrentar este tema  relacionado directamente con la protección a la población, a los activos y en definitiva a la competencia del Gobierno para brindar seguridad.

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