Uruguay ha sido durante mucho tiempo considerado un faro de estabilidad e integridad en América Latina. Sin embargo, eventos recientes han arrojado una sombra sobre esta reputación. Las acusaciones de corrupción en torno a la emisión de pasaportes son preocupantes, y es crucial abordar estos problemas con un enfoque crítico, independientemente de la filiación partidaria.
Para desentrañar este asunto hay que dividirlo en dos partes, y la primera es evitar hacer referencia a los paralelismos.
Si bien es tentador establecer paralelos entre el presidente actual y su padre, es importante reconocer que las personas deben ser juzgadas por sus propios méritos, no por sus supuestos legados familiares. También es crucial evitar hacer comparaciones forzadas con casos «similares» en los gobiernos de izquierda como medio de defensa del gobierno actual, el argumento de «ustedes también» no es sustento para defensa alguna.
Tales comparaciones solo sirven para desviar la atención del problema real: con todo esto se ve afectada la credibilidad de nuestros documentos a nivel internacional.
La segunda sería tratar el tema de los procedimientos para la emisión de los pasaportes en sí y las implicancias de este asunto.
El pasaporte de Marset fue emitido gracias a una flexibilización de requisitos vigente desde el año 2013. Este caso puntual es responsabilidad de este gobierno, pero en algún momento deberíamos revisar todos los pasaportes emitidos desde ese momento a la fecha.
Si bien el procedimiento de emisión del pasaporte para Marset se ajusta a derecho, queda clara la necesidad de una supervisión rigurosa de los mecanismos vigentes en Cancillería, ya que en este caso el destinatario de dicho documento es un narcotraficante de relevancia internacional.
Todo este asunto ocasiona una obvia cadena de renuncias. Pero las renuncias, aunque eliminan la dependencia de la función, no deben ser vistas como un escape de la responsabilidad. Hemos perdido la dimensión de lo que significa cometer una falta que, en cualquier país del mundo, conlleva consecuencias legales. La renuncia no puede ser un escudo que permita a aquellos que han cometido faltas graves eludir las repercusiones de sus acciones.
Como votante y militante de la Coalición, es crucial reconocer que responsabilizar a los nuestros elegidos no es un signo de debilidad, sino una muestra de nuestro compromiso con la transparencia gubernamental y el Estado de derecho. El tiempo de las explicaciones ha pasado; es imperativo que los responsables sean llevados a rendir cuentas a través de un proceso riguroso para restaurar la confianza en el gobierno.
