TOUT VA TRÈS BIEN…Por Nelson Jorge Mosco Castellano

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Tras negarse inicialmente a que sus manos fuesen atadas, Luis XVI cedió ante la propuesta del verdugo de emplear su pañuelo en lugar de una cuerda. Después de que su cabello fuese cortado y el cuello de su camisa retirado, el rey fue subido al cadalso. Una vez allí, intentó pronunciar un discurso ante la multitud, el cual no pudo ser escuchado con claridad debido al sonido de los tambores. El monarca fue entonces tumbado sobre la plancha de madera de la guillotina, siéndole colocado un cepo con forma de media luna sobre el cuello para mantener fija la cabeza. Tras ser sujetado, exclamó «¡mi gente, muero inocente!». Entonces, volviéndose hacia sus verdugos, Luis XVI declaró «caballeros, soy inocente de todo lo que se me acusa. Espero que mi sangre tal vez cimiente la buena fortuna de los franceses«.

Definido por sus contemporáneos como gordo, apático y frío; su trono, marcado por las intrigas de palacio y su fuerte oposición a los nobles, transcurrió entre reformas económicas para evitar la bancarrota del país y profundas reformas sociales que, finalmente, no pudieron llevarse a cabo por el estallido de la Revolución Francesa. El 14 de julio de 1789, una muchedumbre enfurecida se lanzó al asalto de la prisión de La Bastilla, una antigua fortaleza que se había convertido en símbolo del despotismo real. La turba autoproclamó la Asamblea Nacional. En un primer momento el monarca lo aceptó, pero la presión de la nobleza y el clero obligó a disolver este organismo, lo que desencadenó la Revolución. Los revolucionarios se rebelaron contra un sistema injusto, que reservaba todos los privilegios para la nobleza y el clero, mientras bloqueaba las posibilidades de desarrollo de la burguesía y condenaba a una vida mísera a gran parte del pueblo llano. Esto sumado a los excesos de su mujer, la austríaca María Antonieta, caprichosa y amante de los lujos, despertaron la antipatía del pueblo hacia la monarquía.

El rey NO PUDO CON SU ARISTOCRACIA CULTURALMENTE ACOSTUMBRADA A GASTAR SIN MEDIDA; NO PUDO RECORTAR EL CASTO IMPÚDICO DE SU ESPOSA, NO PUDO, EN DEFINITIVA, PESE A RECONOCERLO INEVITABLE, HACER EL AJUSTE, PONER EN ORDEN AL DESPILFARRO OBSCENO QUE DEMANDABA RECURSOS HASTA HARTAR A LOS ESCLAVOS DE REINO. UN GASTO DESORBITADO DE LOS RECURSOS QUE DEBIERON ESTAR EN MANOS DE QUIENES MULTIPLICABAN LOS RECURSOS Y NO DE QUIENES SIN NINGÚN ESFUERZO LOS MALGASTABAN.

La ejecución de Luis XVI, interpela por traición a quienes desde el poder se sienten impunes para gastar obscenamente el dinero de los demás, los que viven fuera de las urgencias de sus conciudadanos y de su tiempo. Los que esgrimen, inocencia ante ese abuso, de incumplir su juramento de respetar a su pueblo y gobernar atentos al sacrificio que implica vivir en la pobreza. Sus prioridades están invertidas: primero ellos, luego todos los demás. ¿Cómo pueden responsabilizarlos por dilapidar si tienen la potestad de decidir en qué GASTAR? ¿Cómo les puede costar la cabeza, o la cárcel, si dispusieron de impunidad? ¿Por qué el hartazgo por confiscar se convierte en rebelión? Un 21 de enero, hace 230 años, la cabeza de Luis XVI se exhibía ante el pueblo en la Plaza de la República. La ejecución tambaleó a las monarquías y debió servir de ejemplo de la consecuencia del abuso del gasto por los políticos que les hace perder la cabeza.

Eso no pasó. La cabeza de Luis XVI debiera colgar simbólicamente en cada recinto público como recordatorio dramático de los que padecen por culpa del ejercicio abusador del poder.

SUSTENTABILIDAD Y PRIORIDADES CLARAS:

Todos los países, y en particular aquellos cuyas economías se basan en productos primarios para obtener recursos de mercados externos, tienen que respetar desde el gobierno, la sustentabilidad fiscal y su impacto en la sustentabilidad país; las prioridades y restricciones presupuestales.

La sustentabilidad fiscal no es tener déficit presupuestal cero, sino que el gasto público sea consistente con las previsiones de ingresos fiscales, y que la carga total de impuestos y regulaciones sea adecuada a la capacidad contributiva. Cuidando que el contribuyente tenga margen suficiente  para ahorrar, invertir, producir, crecer, y hacer crecer la economía, el empleo y servir al consumo.

No es sustentable una presión tributaria nacional y departamental que supere la capacidad contributiva y obligue a la evasión para subsistir. No es sustentable financiarse con endeudamiento cuando el contribuyente actual o futuro va a ser castigado sin que el gobernante sea responsable de prever recursos para el pago, o simplemente traslade la deuda a la posteridad pagando únicamente los intereses. La emisión monetaria no puede ser otro “impuesto” que recorte el poder adquisitivo y alimente la espiral de ajuste de atrás en salarios y jubilaciones. No se puede aplicar una carga al representado que traslade costos públicos por mala administración a sus precios castigando el esfuerzo, el trabajo, y el ahorro para el retiro.

No se trata únicamente que haya un equilibrio teórico en un presupuesto de gastos abusivos o insustentable por el que los paga. El gasto y supuestos ingresos obtenidos a fórceps que van cercenando la posibilidad de producir, comerciar y trabajar. La distorsión que el gobierno produce, engañando adicionalmente al que lo soporta, genera restricción del consumidor por los altos precios que paga, y de la actividad productiva que agrega el costo país el proceso normal de lucro, ahorro, e inversión, multiplicando el cierre, el desempleo, la informalidad, y la pobreza.

Para ser sustentable el gasto público, el endeudamiento, y el costo del dinero, deben permitir que la economía sostenga la dimensión del gasto público, y permita ahorrar, reinvertir, y producir más recursos, multiplicar las oportunidades laborales. Desconocer las restricciones presupuestales del gasto público, implica que el consumo interno pierda capacidad adquisitiva, restringiendo la circulación del dinero en la actividad privada imprescindible para hacer crecer la producción local. Un círculo perverso que construye déficit fiscal, retroalimenta el aumento de la presión para financiarlo de las maneras más obscenas. El gasto del gobierno es parte de la economía global de la sociedad y debe mantener sustentable la base económica que produce los recursos públicos.

El otro aspecto de una gobernanza raciona implica tener claramente definidas las prioridades del gasto público. Ordenar los objetivos al gastar recursos detraídos a los que los producen con su ahorro, esfuerzo inversor, riesgo, y aporte productivo y empleo a la sociedad. Desconocer el interés público, y anteponer intereses corporativos, sectoriales o corruptos del gasto público, provoca en la sociedad ajenidad del gobernante, no siente que su esfuerzo es aplicado a mejorar la condición de vida de todos. Atender a los más infelices no implica subsidiarlos eternamente, sino evitar que persistan en la situación con políticas públicas temporales.

Requiere que el presupuesto se revise en cada administración de gobierno, quitando superposiciones de gastos innecesarios, a pérdida, o insoportables, de acuerdo a la realidad. Equilibrar un presupuesto manteniendo gastos no prioritarios para toda la sociedad corrompe la relación del gobierno con sus representados. Toda doble imposición que resulte del gasto imperfecto en entes autónomos, organismos descentralizados, administraciones públicas nacionales de educación, salud, seguridad, departamentales y municipales, es un sacrificio y una afrenta para el que sostiene un pequeño comercio o un trabajo independiente. Lo mismo, volver a pagar para obtener servicios mejores que los deficientes que ya cobra el gobierno.

Cuando se le exige al contribuyente un exceso de aporte al gasto público, suceden varios efectos negativos para toda la economía y la sociedad. Produce evasión como legítima defensa para sobrevivir a esa presión insoportable. La mala asignación del gasto público pesa mucho más sobre los empobrecidos que no pueden mantener actividades formales, y es causa de crecimiento de la pobreza, la indigencia, y la marginación que divide a la sociedad. Genera una espiral perversa que impide que la competencia sea justa, entre formales que soportan el gasto público recargados por los que evaden. El gobierno juega a la justicia fiscal y parte de los emprendedores juegan a evadir o a la informalidad.

Cuando se pierde la confianza en que el gobierno tiene claras las prioridades sociales, la sobrerreacción es a dejar de soportar su carga abusiva. El recaudador se mune de mayores controles que siempre recaen en los inscriptos formales para compensar la recaudación ausente y sobrecarga al resto que paga. Combatir la evasión para mantener un gasto público insoportable, y destruye cada vez más recursos de la sociedad, deprimiendo futuros recursos que nunca llegarán.

A medida que el gobierno asume que debe incorporar al Estado mayor cantidad de actividades a pérdida o sin resultado económico seguro, el deterioro es cada vez mayor. Van “socializando” actividades privadas sin medir la dilapidación que toda la sociedad pagará con enorme sacrificio. Capital que se quita a quienes tienen la capacidad de hacer crecer la economía, por lo que se va apagando, o directamente desaparece. En cualquier país socialista o comunista, y los que van en camino, se produce esta desgracia: gobiernos autoritarios, despóticos, mafiosos como el de Luis XVI generan rebelión, y resuelven la resistencia a su abuso ejerciendo tiránicamente la violencia. ¿Conocen algún país socialista o comunista que no haya aumentado exponencialmente la marginalidad, la pobreza y la miseria?    

OTRAS CABEZAS QUE DEBEN RODAR:

Cualquier creencia en una solución milagrosa y rápida a la pobreza que multiplique el gasto insustentable o mal asignado condena a la miseria y al derecho a rebelarse contra la opresión.

No se trata solamente de “dejar directamente de robar”, se trata de entender como robo o corrupción de Estado usar irresponsablemente cada peso del contribuyente, del emprendedor, frustrar al que quiere y no puede conseguir un trabajo digno. Quien desconoce las restricciones y responsabilidad de armar un nuevo presupuesto sobre el que contiene derechos desbordados, empresas públicas inviables, estado (persona pública mayor y menor) para sostener cargos de incapaces o inmorales, debe responder con su propia cabeza. La corrupción es presupuestar o mantener un gasto espurio sea individual, multipartidaria o multisectorial, porque nos condena a la marginación global.

La sustentabilidad fiscal nacional para este nuevo tiempo requiere no solamente abortar emitir una factura más o menos legal y recibir el retorno de lo que cobra el cajero político, califica para participar del robo también quien no asume el esfuerzo del aporte al Estado. No hay capacidad contributiva para bancar gobernantes corruptos, ni empresarios, concesionarios, licitadores, sindicalistas, que integren esa mafia, o casta. Tampoco hay espacio fiscal para considerar sustentable la gigantesca obra pública pensando que “solo la puede hacer el Estado”, mientras se carga recursos imprescindibles para otras prioridades sin tener en cuenta esa sustentabilidad económico-social. El gasto del Estado no sólo ha subido en las últimas décadas desproporcionada, injustificada, perversa y corruptamente, configurando, además, una estafa a los más pobres y marginados que falsamente esgrime atender. 

El endeudamiento heredado de la corrupción de Estado de los últimos 15 años por el que pagamos únicamente intereses de la deuda, exige también desarticular prioridades superpuestas y obscenas, que suman emisión encubierta en interés que regula el BCU, y una inflación “baja”, tolerada como otro impuesto. Asi van carcomiendo y destruyendo el sistema de precios naturales del mercado y la inversión no especulativa en el país.

El falso nacionalismo, acomodo caudillista, ha creado jurisdicciones departamentales y municipales que operan como conciliábulos político-electorales para enterrar recursos, corporativizados en el Congreso de intendentes, ediles, y ahora, concejales. Cargos honorarios que cuestan carísimo cuando se trata de pasar el cepillo del mangazo artero. Se ingenian para evitar todo cambio racionalizando la carga tributaria brutal del norte del río Negro, manteniendo esclavos del empleo público, estancamiento del comercio, y “contrabando” tolerado desde el poder a sus súbditos, amenazados con la restricción del 0 kilo. Burócratas de la mordida, que pretenden que atienden al interior profundo “bajando” impuestos al combustible, o quitando transitoriamente el IVA, pero otorgan privilegios a empresarios amigos. Una engañifa que no salva al comerciante de su trágico destino mendicante, ni aporta oportunidad de trabajo al indigente, ni inversión productiva. Dilapidación de recursos en todo un sistema rampantemente corrupto que sostiene 19 jurisdicciones únicamente para justificar el gasto político. Muchos DUQUES y CONDES para tan pocos recursos productivos.

Una pléyade de “inversión” a pérdida ha extendido la larga mano de dilapidador a la educación pública, que la ha aumentado al 6% del presupuesto para alcanzar peores resultados. Esa que se pretende “obligatoria”, “laica”, y eternamente deficitaria a cargo del laburante que nunca va conocer la Universidad, que no permite medir resultados con relación a lo que le cuesta, multiplicando estancamiento productivo y castrando oportunidades laborales a quienes nunca van a superar su mísera condición de pobres. ¿Cuántos estudiantes terminan; cuántos se reciben sin oportunidad laboral; cuántos son estudiantes becados eternos? ¿cuántos vienen del exterior a estudiar a cargo de los uruguayos? ¿cuántos aprovechan nuestros recursos y se van al exterior?

Es evidente que todo lo que se aplica al gasto del gobierno nacional, tanto en volumen como en prácticas para controlarlo y restringirlo son costos de ineficiencia. Los análisis de contratos, concesiones internacionales y juicios por desfalcos, como los delicuescentes judicializados del FA, y todo el paquete de trucos del robo, sumaron recursos que se aplicaron también a esas satrapías. La causa central del fracaso del gobierno frentista fue su prodigalidad injusta y el costo de corrupción adicional del populismo de Estado. No pudieron reducir su gasto ni su creciente deuda en sus mil formatos de socialismo y comunismo. Aún en los casos de que cambia el gobierno, la resistencia a la racionalización del gasto, a cualquier ahorro y a cualquier ordenamiento, es durísima. 

Algo parecido sucede con el pacto sindical-empresario, que la lleva años de vigencia en particular con los poderosos de ambos lados del mostrador. Todo intento de morigerar a los prebendarios será respondido con una huelga inmediata de los trabajadores del sector. Acaba de pasar con la debacle del privilegiado sistema previsional bancario. Opera también en la obra pública con el SUNCA, o con COFE y la reforma del Estado. En el espacio sindical liberado de orden público, con el corporativo sindicato educativo, que no cede un tranco de pollo en sus “conquistas” para enterrar la educación pública. Ahora el instrumento del plebiscito, sistemáticamente repudiado por la izquierda, les sirve también como herramienta de ejercicio político que pagamos “todos”, los giles.

Ni hablemos de los gastos de las “empresas” públicas “nuestras” para pagar el endeudamiento, y la tarjeta corporativa, desde el colchón, o el slip, hasta carísimos “regalos empresariales”. Los “redistribuidores” de lo ajeno nunca piensan en quienes efectivamente los pagamos, ni lo que tenemos que recortar para soportarlos, el costo en pobreza, indigencia, inseguridad, y avance sobre la propiedad privada. O lo dilapidado en empresas privadas fundidas “revividas” con el FONDES.

En la Coalición gobernante parece que la realidad ha puesto en su lugar la magia monetaria salvífica, los discursos facilistas chocaron contra la aritmética elemental. Pero todavía hoy es más importante que nunca la tarea de bajar el gasto del Estado en todas las jurisdicciones. Para encarar semejante tarea de austeridad, hacen falta 3.000 funcionarios honrados y muy capacitados. Fiscales con capacidad de evaluar la gestión del gasto para bajarlo seriamente, recuperar la confianza y no hacer un desastre social.

El Dr. Ricardo Pascale, planteó la urgencia de incorporar a Uruguay a la Revolución Tecnológica en curso, que dividirá al mundo entre países incorporados al nuevo desarrollo y países estancados. Su exposición fue una “admirable alarma” y un llamado histórico a ponernos en carrera o quedar rezagados para siempre, más allá de nuestras disputas y problemas domésticos, que son menores ante este nuevo escenario que ya nos alcanza.

Quienquiera gobierne en el 2025 tendrá que encontrar elementos de presión para obligar a esas satrapías a proceder con responsabilidad y seriedad en la sustentabilidad global de la economía pública y privada. Ordenar las prioridades que reclama una pobreza estancada por varias décadas. De lo contrario, será como pretende la izquierda: un poder de mafia contra mafia. 

Una elección se gana de mil maneras obscenas. Pero el triunfo verdadero es sacar al país de la miseria, la pobreza, el atraso educativo y tecnológico. La vergüenza del gasto injusto del gobernante hace imprescindible guillotinar el gasto, para evitar el hartazgo por el abuso y la anomia. Lo otro es la FIESTA olvidable.

La falsa convicción, “Tout va très bien” en la Corte, la burocracia, y la política, exaspera a la sociedad, y le cuesta la cabeza a los gobernantes. 

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