Transición con clemencia

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                                                                             Escribe: Hilario Castro Trezza

En el año en que se cumple el cuadragésimo quinto aniversario de la restauración de la democracia en España, es oportuno reflexionar sobre una cuestión que generalmente se la ha soslayado. Muerto Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, España emprendió un admirable proceso de transición política desde una autocracia organicista a una democracia liberal. Ello fue posible por la madurez de su dirigencia política, desde los demócratas  del régimen alos socialistas y los comunistas, todos ellos estaban en un acelerado proceso de renovación ideológica, que los distanciaba de las posturas extremistas, que en el pasado habían sumido al país en una cruenta guerra civil. Tres personalidades, provenientes de las entrañas del régimen franquista, fueron los protagonistas decisivos, el Rey Juan Carlos; el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez y el Presidente del Consejo del Reino y de las Cortes Torcuato Fernández Miranda. Consiguieron que las Cortes orgánicas franquistas aprobaran la ley de reforma política el 18 de noviembre de 1976, la cual fue ratificada en referéndum popular el 15 de diciembre de 1976. Todo se había hecho de la ley a la ley por medio de la ley, al decir de Fernández Miranda. Dichas enmiendas constitucionales posibilitaron la convocatoria a elecciones libres el 15 de junio de 1977 de las que surgió un Congreso de los Diputados y un Senado que elaboraron una Constitución democrática que fue aprobada el 31 de octubre de 1978 en ambas Cámaras y ratificada en referéndum popular el 6 de diciembre de 1978. Pero en todo este complejo proceso hubo un hecho relevante que fue la legalización del Partido Comunista, ello fue crucial para legitimar los comicios que se llevarían a cabo el 15 de junio de 1977. Y la realidad aventó todos los temores, el Partido Comunista Español volcado al eurocomunismo, contribuyó decisivamente a la transición pacífica y democrática. Los comunistas habían sido activos participes de la guerra civil en el bando republicano-frente populista-, en alianza incondicional con la Unión Soviética de Stalin, que les proporcionó abundante material de guerra y calificados asesores militares y con ello llegaron a controlar al gobierno que integraban. Sobre  el Secretario General del Partido Comunista Santiago Carrillo, pesaban imputaciones penales de extrema gravedad. En diciembre de 1936 cuando los sublevados sitiaron Madrid el Gral Emilio Mola les dijo a los periodistas, que contaba con cuatro columnas que avanzaban hacia la capital y una quinta se encontraba adentro. Esto creó pánico en el bando republicano-frente populista y decidieron evacuar la Cárcel Modelo de Madrid, donde se encontraban alojados más de cinco mil prisioneros arrestados sin cargo y trasladarlos hacia Valencia, pero no llegaron a destino, fueron fusilados durante semanas cerca de la aldea de Paracuellos de Jarama. Fue el mayor crimen masivo que se cometió durante la contienda fratricida. El por entonces joven Santiago Carrillo era el Consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. El destacado historiador británico Paul Preston, insospechado de franquismo, expresa al respecto: “El propio Carrillo contribuyó sin darse cuenta a convertirse en blanco de todas las miradas al negar absurdamente cualquier conocimiento de las ejecuciones y, por supuesto cualquier responsabilidad en ellas. Sin embargo, abundantes pruebas corroboradas por alguna de sus propias revelaciones parciales dejan clara su plena participación” (El Zorro Rojo- Debate- 2013, pág88). Los políticos franquistas y los mandos militares acusaban a Carrillo de haber cometido crímenes contra la humanidad que eran imprescriptibles. El gobierno recabó la opinión de un destacado Juez, cuyo padre y hermano habían sido fusilados en Paracuellos, el Juez evacuó la consulta en forma imparcial, no se podía acusar a Carrillo de delitos contra la humanidad dado que ellos no existían cuando fueron cometidos, la ley penal más gravosa nunca puede ser retroactiva, ello había sido un invento de los vencedores en la segunda guerra mundial para juzgar a los vencidos en Nuremberg, los delitos por más horrendos que fuesen estaban prescriptos. (José Luis de Vilallonga- EL REY- Plaza y Janes- 1998, págs. 147 a 158). El 9 de abril de 1977, día de sábado santo, previo dictamen favorable de la Junta de Fiscales Generales del Tribunal Supremo, el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez anuncia la legalización del Partido Comunista de España. Instaladas las Cortes Democráticas el 22 de julio de 1977 el Congreso de los Diputados en la sesión de 14 de octubre de 1977 aprueba una ley de amnistía general y recíproca, su más ardoroso defensor en el Pleno fue el Diputado comunista Marcelino Camacho expresando: “… Queremos cerrar una etapa y abrir otra. Nosotros los comunistas, precisamente que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores… Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiese estado nadie”. Cuando el por entonces Presidente del Gobierno Español y Secretario General del Partido Socialista Obrero Español Felipe González, visitó Uruguay en marzo de 1985, al ser entrevistado en el programa Prioridad de Canal 10 por el periodista Omar De Feo, mostró su extrañeza con la amnistía no recíproca que se quería aprobar en Uruguay, marcó la diferencia con lo ocurrido en España y expresó: “Dar vuelta la hoja”. Recibió la incomprensión de una parte del sistema político y el reproche de los socialistas uruguayos. España fue un ejemplo de transición política impregnada de clemencia soberana. Fue el camino más eficaz para hacer realidad lo escrito en el Salmo 85:10 “La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron”.

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