En los últimos días, fuimos testigos de una polémica generada por la consulta al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por parte de la Intendencia de Montevideo (I.M.) sobre la posibilidad de obtener asistencia monetaria con el fin de hacer frente a la crisis hídrica que afecta a la región. Sin embargo, más allá de la gravedad de la situación con el suministro de agua, este episodio revela una falta de comprensión alarmante de las competencias y roles que corresponden a cada institución.
La Intendente de Montevideo, Carolina Cosse, expresó su «indignación» ante la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, aquí surge una pregunta fundamental: ¿es realmente competencia de la I.M. gestionar préstamos o donaciones ante organismos internacionales como el BID? La respuesta es un rotundo no.
La tarea de solicitar y gestionar préstamos ante el BID o cualquier organismo internacional corresponde al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Este último, en la persona del Ministro de Economía, ejerce el rol de «Gobernador del BID» y tiene la responsabilidad de establecer las relaciones financieras con este tipo de instituciones. Es evidente que la Intendente de Montevideo no ha entendido o ha obviado esta importante distinción.
La situación se agrava cuando se examinan los textos del artículo 607 de la ley 17.296 de 21 de febrero de 2001 y del Decreto N° 586/993 mencionado en la respuesta enviada desde el Ministerio de Economía a la Intendencia de Montevideo. Analizando la normativa es evidente que la autorización para gestionar préstamos internacionales es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro del ramo en su caso. Queda claro entonces que la I.M. no tiene ninguna competencia ni legitimidad para encarar este tipo de gestiones.
La falta de comprensión de las competencias y roles asignados por ley por parte de la Intendente de Montevideo resulta preocupante. No solo ha intentado arrogarse funciones que no le corresponden, sino que también ha generado una situación de confrontación y malestar innecesarios con el BID. Este tipo de comportamiento solo demuestra una falta de responsabilidad y conocimiento de las estructuras institucionales.
Es válido preguntarse cuál es el trasfondo de esta actitud por parte de la Intendente. ¿Se trata de una estrategia política para capitalizar la situación de crisis y mostrarse como una gestora eficiente ante la ciudadanía? Si ese es el caso, es una estrategia sumamente irresponsable, ya que pone en juego la confianza de los montevideanos y puede tener consecuencias negativas en el futuro. En lugar de enfocarse en obtener préstamos del BID, la Intendencia de Montevideo debería centrar sus esfuerzos en trabajar de manera coordinada y efectiva con las instituciones competentes para abordar la crisis hídrica. Esto implica colaborar estrechamente con el Gobierno nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas, quienes tienen las herramientas y los recursos adecuados para enfrentar esta situación.
La polémica actitud de la Intendencia revela una falta de comprensión y respeto por las competencias y roles institucionales establecidos por ley. Es fundamental que los gobernantes entiendan y cumplan con sus responsabilidades asignadas para garantizar una gestión eficiente y transparente.
En momentos de crisis, la cooperación y la claridad en las funciones son más importantes que nunca.
En lo personal sin dudas, que fue una estrategia política, y muy mal. Cada quien tienen que cuidar y hacerse cargo de lo que le corresponde, cada uno en sus lugar de trabajo. Sin pasar a nadie por arriba.